Ante la información difundida por el Ayuntamiento de Ansoáin la pasada semana, la representación de las personas trabajadoras de la Policía Municipal, compuesta por los sindicatos UGT y SPPME, considera imprescindible aclarar y desmentir una serie de afirmaciones que no se ajustan a la realidad y que contribuyen a generar confusión entre la ciudadanía.

El Consistorio afirma basarse en un supuesto informe interno denominado “Análisis interno de la organización del servicio” para justificar su relato sobre la situación de la plantilla de Policía Municipal. Queremos entender que se hace referencia a un informe que se realizó en el segundo semestre del año pasado con la anterior jefatura, momento en el que la situación era bien diferente y no se había llegado a este punto.

Pese a que el Ayuntamiento asegura mantener “la disposición de seguir hablando”, los hechos demuestran lo contrario. Del supuesto análisis interno no se ha trasladado en ningún momento nada de su contenido, ni a la plantilla ni a su representación. No se ha solicitado opinión, ni se ha contrastado ningún dato y tampoco se ha abierto ningún espacio de participación posterior a la elaboración del mismo. Hablar de diálogo mientras se excluye deliberadamente a quienes conocen el servicio desde dentro es incoherente y deshonesto además de una falta de rigor institucional grave.

La situación de la Policía Municipal —que afecta a la seguridad ciudadana, al clima laboral y al funcionamiento de un servicio esencial— fue llevada a la Comisión de igualdad, euskera y servicios generales, como un punto más de los quince que recogía el orden del día de la misma, sin darle el tratamiento específico, profundo y urgente que requiere. Este modo de proceder evidencia una clara falta de sensibilidad institucional y una voluntad de minimizar públicamente una crisis que el propio Ayuntamiento ha contribuido a generar.

En su comunicado, el Ayuntamiento admite que el servicio se ha mantenido durante años gracias a la voluntariedad de los agentes para modificar turnos, asumir cambios y cubrir necesidades del servicio. Este reconocimiento demuestra que la plantilla ha sostenido el funcionamiento del servicio más allá de sus obligaciones, con profesionalidad y compromiso.

El propio Consistorio señala que, cuando la plantilla dejó de aceptar voluntariamente esos cambios —debido al deterioro del clima laboral y la falta de respeto institucional—, comenzó el “desorden”. Es decir: el problema no es la plantilla, sino una organización que depende de la voluntariedad permanente porque carece de una planificación adecuada.

Cabe recordar que ya desde el 2021 con la incorporación del anterior Jefe de Policía se traslada la problemática de falta de personal, se avisa de las futuras jubilaciones mientras que desde el consistorio niegan tal realidad.

En este momento en lugar de abordar el problema mediante diálogo y planificación, el Ayuntamiento ha optado por imponer órdenes de servicio arbitrarias, justificadas únicamente bajo el argumento genérico de “necesidades del servicio”. Estas órdenes están suponiendo la modificación unilateral de vacaciones ya concedidas, la denegación de permisos regulados, las alteraciones de turnos sin negociación ni justificación real, asi como la anulación de horas sindicales.

Estas prácticas vulneran derechos laborales básicos y evidencian una gestión improvisada que intenta resolver mediante imposición lo que debería abordarse mediante consenso.

El Ayuntamiento insinúa que el número de bajas responde a un problema organizativo cuando la realidad es que las bajas de la plantilla de Policía Municipal están directamente relacionadas con el estrés, la presión y el deterioro del clima laboral generado por la propia gestión. Señalar a personas trabajadoras enfermas y anunciar un “seguimiento riguroso de la situación” es irresponsable y profundamente injusto cuando los compañeros y compañeras del cuerpo hemos demostrado compromiso con la ciudadanía.

Lo que exigimos es simple y razonable, un entorno laboral seguro con una organización coherente y un mando que genere confianza, no conflicto. Asimismo, queremos un Ayuntamiento que deje de señalar a sus trabajadores y empiece a asumir sus responsabilidades.

Por todo esto, desde la representación de las personas trabajadoras rechazamos de forma rotunda la versión difundida por el Ayuntamiento y acudiremos a todas las instancias que sean necesarias —institucionales, sindicales y jurídicas— para denunciar esta situación y defender los derechos de la plantilla y la calidad del servicio público que prestamos.

Seguimos dispuestos a dialogar, pero un diálogo real, transparente y respetuoso, no un monólogo institucional construido para justificar decisiones unilaterales.