FeSMC-UGT denuncia los impagos a los trabajadores de Ocio Sport en Tudela

Fecha: 14 May 2025

Imagen de un entrenador deportivo

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Navarra denuncia la injusta situación que sufren las personas trabajadoras de la empresa Ocio Sport en Tudela, quienes llevan cuatro meses sin percibir sus salarios, y exige al Ayuntamiento de la capital ribera una solución urgente para resolver esta inaceptable situación.

Desde el sindicato explican que las empleadas del bar, monitores de actividades deportivas y conserjes contratados por Ocio Sport en Tudela acumulan ya cuatro meses sin cobrar sus nóminas, lo que les ha llevado en muchos casos a una situación económica muy delicada, con serios problemas para poder cubrir sus necesidades.

A la vista de esta intolerable situación, UGT ha mantenido recientemente una reunión con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tudela, entidad pública responsable del servicio, para exigir su implicación y que solucione este retraso injustificado en el pago de las nóminas a los y las trabajadoras de Ocio Sport.

Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo lamentan que “nuevamente nos veamos en la situación de denunciar públicamente que una empresa contratada por una administración esté incumpliendo sus obligaciones con la plantilla”. A juicio del sindicato, “es inadmisible que se contrate la adjudicación de un servicio a una empresa externa y las administraciones no velen por el cumplimiento escrupuloso de los pliegos de contratación”. 

Por ello, FeSMC-UGT ha solicitado al Ayuntamiento de Tudela que busque una solución inmediata y garantice el pago de las nóminas que se adeudan desde hace ya cuatro meses a las personas trabajadoras de Ocio Sport. 

Desde el sindicato aseguran que seguirán trabajando con todos los medios a su alcance para solucionar la intolerable situación de estas personas trabajadoras, así como de las plantillas de otros servicios contratados por la administración que se encuentran en la misma situación. Las administraciones públicas tienen el deber de controlar que las empresas a las que ha adjudicado diferentes servicios cumplan escrupulosamente el pliego de contratación, así como los convenios colectivos de aplicación a sus trabajadores y trabajadoras.