Desde el comité de NILSA denuncian públicamente la grave situación de discriminación salarial y laboral que afecta a un número significativo de trabajadoras y trabajadores de esta empresa pública desde hace años.

Estos profesionales, con diferentes perfiles técnicos y amplia experiencia, han visto bloqueada su progresión salarial desde su incorporación a NILSA, ya sea por medio de contratos temporales, en prácticas o incluso tras su conversión en indefinidos. Esta práctica se traduce en una clara y sostenida discriminación retributiva respecto al resto de la plantilla, a pesar de desempeñar funciones de igual valor.

Desde mayo de 2021, la empresa impone unilateralmente un sistema de escalas salariales que penaliza el tipo de contrato de acceso y la antigüedad, vulnerando con ello el principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 5 del Convenio de Oficinas y Despachos de Navarra aplicable. Estas escalas se establecieron sin negociación ni acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores y sin aprobación por parte del Consejo de Administración, generando una doble o triple escala salarial injustificable desde cualquier punto de vista legal, ético o social.

Además, la empresa ha incumplido sus propias tablas salariales: a pesar de haber comunicado internamente subidas progresivas asociadas a la antigüedad, en la práctica no las ha aplicado ni a quienes ya habían alcanzado los años requeridos. El comité de empresa y las personas afectadas han solicitado en múltiples ocasiones explicaciones y regularización de su situación, obteniendo únicamente evasivas y promesas sin cumplimiento. Esta política de personal crea en la práctica dos clases de trabajadores y trabajadoras dentro de una misma empresa pública, generando una brecha salarial que no solo es ilegal, sino profundamente inmoral.

Esta política retributiva y carente de transparencia obedece a una estrategia de precarización de las condiciones laborales del sector público y su privatización. Esta estrategia encabezada por el Gobierno de Navarra y articulada por CPEN con la cooperación necesaria de NILSA atenta contra todos los valores básicos que se deben exigir a las instituciones públicas: integridad, objetividad, honestidad, igualdad y transparencia.

No se trata de un caso aislado sino de una estrategia coordinada que el Gobierno de Navarra pretende implantar tanto en las empresas públicas como en el sector público en general. Prueba de ello son las diferentes movilizaciones que se están dando tanto en el sector público (profesores, médicos…) como en otras empresas públicas. Con ello queremos trasladar nuestra solidaridad a todos ellos y en especial a las trabajadoras de INTIA y animamos al resto de empresas públicas a que den el paso de denunciar públicamente su situación.

Por lo tanto, desde el comité de empresa de NILSA denuncian con firmeza esta discriminación y exigen:

• La equiparación salarial inmediata para todo el personal afectado, reconociendo su antigüedad real desde el inicio de la relación laboral y eliminando toda distinción en función del tipo de contrato de acceso.

• La revisión urgente de las políticas retributivas de NILSA, garantizando el cumplimiento del principio de igualdad y transparencia en el seno de esta sociedad pública.

• El compromiso real del Gobierno de Navarra y de CPEN para erradicar de forma efectiva estas desigualdades dentro de sus empresas públicas, tal como exige la legalidad vigente y los valores básicos del sector público.

De no corregirse esta situación con carácter urgente, el comité seguirá ejerciendo las acciones colectivas necesarias, para defender los derechos de todas las personas trabajadoras de NILSA