UGT, junto con ELA y LAB, han convocado nuevas movilizaciones ante el bloqueo de la negociación del primer convenio del sector de residencias y anuncian cinco días de huelga en la semana del 16 al 20 de enero para exigir a la patronal una propuesta acorde a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores.

Los tres sindicatos, que se han concentrado este jueves ante el Parlamento Foral, explican que el pasado 24 de noviembre mantuvieron la última reunión con la patronal y el Gobierno de Navarra, un encuentro en el que la parte empresarial presentó una nueva propuesta de convenio que continúa siendo totalmente insuficiente.

Entre otros aspectos, la patronal planteó un convenio para tres años de vigencia con una escasa subida salarial, sin incluir complementos para las incapacidades temporales y dando vía libre a las empresas para poder descolgarse del convenio sin razones justificadas.

Por su parte, el Gobierno de Navarra realizó su propia propuesta, que mejora sustancialmente la presentada por la patronal, pero que ésta se niega a aceptar, continuando de este modo con su actitud inmovilista y bloqueando el acuerdo.

A la vista de esta situación, los sindicatos ELA, UGT y LAB han decidido continuar con las movilizaciones y han convocado en la semana del 16 al 20 de enero cinco días de huelga consecutivos para exigir la negociación de un convenio que mejore las condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras de los centros de atención a las personas de la tercera edad.

Por otro lado, representantes de las tres organizaciones sindicales comparecieron el pasado 23 de noviembre en una sesión de trabajo en el Parlamento foral para informar sobre la situación que está atravesando la negociación del convenio y reclamar a los partidos políticos su implicación y una partida presupuestaria suficiente que dote a las casi 4.500 trabajadoras del sector, distribuidas en más de 70 residencias en toda la geografía foral, de unas condiciones dignas.

Una reivindicación que, según explican los sindicatos, fue acogida de forma receptiva por parte de los grupos parlamentarios, que entienden que es necesario mejorar sustancialmente la situación laboral y salarial de las personas trabajadoras del sector.