UGT exige un plan de viabilidad que garantice la continuidad de la residencia de Sangüesa

Fecha: 13 Ene 2026

Residencia municipal de Sangüesa

La Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra expresa su profunda preocupación por el futuro de la Residencia Municipal San Vicente de Paul de Sangüesa, especialmente tras las declaraciones realizadas por el alcalde, Javier Solozábal (AISS), en el último pleno del año, celebrado el pasado 30 de diciembre, en las que afirmó que “si seguimos como hasta ahora, los números harán inviable su sostenimiento en un plazo de 2 o 3 años”.

Estas declaraciones han generado alarma e incertidumbre entre la plantilla y las familias usuarias, que ven peligrar la continuidad de un servicio esencial para la atención de las personas mayores de la comarca.

La residencia cuenta actualmente con 46 trabajadoras y trabajadores, lo que la convierte en uno de los principales centros de empleo estable en la localidad y tiene capacidad para 71 personas usuarias, aunque en estos momentos se encuentra ocupado por 54 residentes, lo que evidencia la importancia del servicio y la necesidad de garantizar su continuidad.

UGT recuerda que ya en junio del pasado año hizo pública la situación insostenible que atravesaba la residencia, alertando de la falta de recursos, de la necesidad de una gestión más eficaz y de la urgencia de adoptar medidas para garantizar la viabilidad del centro. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha ofrecido respuestas claras ni ha impulsado soluciones que permitan revertir la situación.

A esta falta de actuación se suma que, a pesar de que los estatutos de la residencia obligan a la convocatoria periódica del Patronato, este órgano únicamente se ha reunido una vez en todo el año, concretamente el pasado 8 de mayo. La ausencia de reuniones impide un seguimiento adecuado de la gestión y vulnera los principios de transparencia y buen gobierno.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra denuncian también la falta de información a la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, que no está recibiendo los datos necesarios para ejercer sus funciones de control y defensa de los derechos laborales.

Además, el déficit de la residencia se habría triplicado en los últimos dos años, sin que el Ayuntamiento haya ofrecido explicaciones claras sobre las causas de este incremento ni sobre las medidas adoptadas para corregirlo. En opinión del sindicato, es imprescindible que se detallen de forma inmediata las razones de este deterioro económico y las decisiones de gestión que lo han provocado.

Según explican desde UGT, a todo ello se suma un elemento especialmente grave: la plantilla orgánica de la residencia continúa sin ser aprobada desde 2024, las convocatorias de empleo público paralizadas y el centro sigue funcionando sin presupuestos actualizados, lo que dificulta cualquier planificación y hace prácticamente imposible mirar hacia adelante con garantías. Esta situación evidencia una falta de gestión que pone en riesgo tanto la estabilidad laboral como la calidad del servicio.

Por si fuera poco, la posible pérdida de plazas en Sangüesa tendría un impacto aún mayor debido a que las residencias más cercanas —Lumbier, Cáseda o Sos del Rey Católico (en Aragón)— no pueden asumir más usuarios.

Por todo esto, la Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra exige al Ayuntamiento de Sangüesa:

•    Transparencia total sobre la situación económica y de gestión del centro.
•    Explicaciones claras sobre el incremento del déficit.
•    Garantías de estabilidad laboral para la plantilla.
•    La presentación urgente de un plan de viabilidad que asegure la continuidad del servicio.
•    Información completa y veraz a la representación legal de la plantilla.

“La residencia municipal es un pilar fundamental del sistema de cuidados en la zona, y su posible cierre tendría un impacto social, laboral y humano inaceptable para la comarca”, advierte UGT, que ha solicitado una reunión inmediata con el Ayuntamiento para abordar la situación, exigir explicaciones y trabajar en soluciones que garanticen la continuidad del centro y la protección de los derechos laborales.