UGT Navarra considera que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de agosto acreditan el acierto y la necesidad del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras llevado a cabo en la Comunidad Foral y en el resto del país.

Según el sindicato, “la regularización, lejos de tensionar el mercado de trabajo, ha contribuido a aflorar empleo, a reforzar la afiliación y a dar derechos a miles de personas que  ya formaban parte de la sociedad navarra y de nuestra economía”.

“El aumento del paro registrado en agosto obedece, por una parte, a un efecto administrativo derivado de la propia regularización: muchas personas, al obtener su permiso de trabajo, se inscriben en el servicio público de empleo en busca de su primera ocupación, como acredita que en agosto se inscribieran al desempleo 1.014 personas procedentes el proceso”, señala Eva Azanza, Secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra.

No obstante, Azanza remarca que el mercado laboral sigue mostrando desequilibrios estructurales. El paro registrado sigue teniendo rostro de mujer. El 61,5% de las personas desempleadas en Navarra son mujeres, frente al 38,5% de hombres, unas cifras que reflejan nuevamente la necesidad de seguir adoptando medidas para avanzar en una igualdad real y efectiva también en el ámbito laboral.

Además, el paro de larga duración sigue en cifras elevadas. Del total de personas paradas, el 40,1% lleva más de un año en situación de desempleo, lo que demuestra que atajar el desempleo de larga duración es uno de los retos principales pendientes del mercado de trabajo.

Para la Secretaria de Política Sindical de UGT Navarra, “es necesario culminar las reformas pendientes y seguir adoptando medidas para avanzar hacia un modelo productivo basado en el empleo de calidad, mejores salarios, una mayor productividad y una reducción de la jornada laboral”.

Según indica Eva Azanza, “la consolidación de un mercado de trabajo de mayor calidad exige también avanzar en aquellas reformas dirigidas a reforzar la protección de las personas trabajadoras, como abordar la regulación del despido para garantizar una protección efectiva frente al despido improcedente, adecuando la normativa española a los estándares de la Carta Social Europea”.