UGT Navarra considera que los datos de la EPA conocidos hoy reafirman la necesidad de actuar sobre los problemas estructurales del mercado laboral, ya que vuelven a poner de manifiesto la persistencia de las brechas de género en el ámbito laboral, las dificultades de las personas jóvenes a acceder a un empleo o el elevado paro de larga duración existente en la Comunidad Foral.

“Navarra acumula ya dos trimestres consecutivos de ascensos del desempleo, una tendencia preocupante ante la que habrá que estar vigilantes en los próximos meses. Además, aunque la EPA refleje también algunos aspectos positivos y datos alentadores, como la cifra más alta de ocupación en un trimestre desde que hay registros, siguen existiendo desigualdades estructurales del mercado laboral que urge solucionar”, remarca Eva Azanza, Secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra.

En este sentido, Azanza advierte de que “las mujeres siguen soportando mayores cifras de paro, parcialidad y temporalidad que los hombres”. En concreto, mientras que la tasa de paro entre los hombres es del 7,01%, este  porcentaje se eleva hasta el 8,88% en el caso de las mujeres navarras, que acaparan además la mayoría de las jornadas a tiempo parcial y contratos temporales.

Además, “persiste el grave problema del paro de larga duración, una realidad inaceptable que requiere una respuesta contundente de todas las administraciones públicas”. En Navarra, 7.300 personas llevan dos años o más en desempleo y 5.500 acumulan entre un año y dos en paro del total de 27.200 personas desempleadas en nuestra comunidad.

Asimismo, la Secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra defiende la necesidad de avanzar en incrementos salariales sostenidos. La elevada inflación de los últimos años ha deteriorado el poder de compra de las personas trabajadoras. Subir los salarios no solo es una cuestión de justicia social, sino también un elemento clave para impulsar el consumo y revitalizar el mercado interior.

Por último, el sindicato exige al Gobierno central que proteja el contrato de trabajo y cumpla con sus compromisos internacionales en materia de despido. No puede seguir demorando una reforma imprescindible para proteger de forma efectiva los derechos de las personas trabajadoras.