La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores acuerda, junto al Gobierno y CCOO, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros al mes para 2023 (un 8% más), un incremento imprescindible para generar más empleo, consumo y paliar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora durante el último año

Un SMI que aumenta hasta la parte más alta del tramo sugerido por la Comisión de Expertos del Gobierno, que iba del 4,6% al 8,2%, y que se adopta sin el consenso de CEOE, algo que para el sindicato es triste, no razonable y supone un mal precedente dada la importancia que ha tenido el Diálogo Social tripartito en los últimos años para mejorar la vida de las personas.

Para UGT, era una necesidad imperiosa aumentar el salario mínimo, tanto para las personas trabajadoras en general, que veían mes a mes cómo se reducía su poder adquisitivo con el aumento del nivel de los precios, como para los colectivos más vulnerables de nuestro país, como los jóvenes o un millón y medio de mujeres, que verán reducidas las diferencias salariales respecto a los hombres en el mercado de trabajo.

De esta forma, el incremento del SMI, que mejorará la vida del 14,5% del total de personas asalariadas, era fundamental no solo en términos económicos, sino también de suficiencia y de garantía social. Se ha demostrado en años anteriores que no solamente no destruye empleo, sino que crea empleo en función de un mejor reparto de la riqueza y una mayor capacidad de gasto de las clases más populares.

Además, con esta subida, nuestro país se aproxima a los incrementos de otros países de nuestro entorno, como Alemania, Bélgica o Francia, siguiendo de esta manera la senda de cumplimiento de la Carta Social Europea ratificada por nuestro país. Una senda que el sindicato considera imprescindible mantener en los próximos años para acercarnos a Europa.

Para UGT, es el momento de subir los salarios y no dejar a nadie atrás. El aumento de los precios durante el último año ha generado una riqueza en las empresas que no ha sido trasladada a los bolsillos de las personas trabajadoras. Con este incremento, los empleados y empleadas de este país podrán mantener su calidad de vida y continuar proyectando un Estado de Bienestar digno y acorde a la realidad de nuestro país y del entorno europeo.