El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS)  ha hecho público su fallo sobre la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente. El organismo dependiente del Consejo de Europa, en respuesta a la reclamación presentada por la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), ha concluido que estas indemnizaciones no son disuasorias ni reparatorias.

De esta manera, el CDS da la razón a UGT y condena a España por no cumplir con la obligación de dar una compensación adecuada por despido injustificado. El organismo señala que la legislación española viola el Artículo 24 de la Carta Social Europea (CSE), que garantiza el derecho de las personas trabajadoras a una protección adecuada en caso de despido.

En concreto, el Comité ha determinado que la compensación establecida por la ley española, fija y predecible, no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por las personas trabajadoras despedidas injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.

En este sentido, el Secretario General de UGT de Navarra, Jesús Santos, ha destacado este jueves en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el Vicesecretario General de Política Sindical Confederal, Fernando Luján, que se trata de una decisión “claramente vinculante y de obligado cumplimiento, que va a marcar un antes y un después en el panorama laboral español”. “España debe acatar este fallo y garantizar una indemnización reparadora y adecuada para todas las personas trabajadoras”, ha defendido.

Según ha expuesto, “una indemnización adecuada no solo protege a la clase trabajadora, sino que también fomenta un ambiente laboral más estable y productivo”. “Es hora de que España tome medidas decisivas para reformar su sistema de indemnización por despido improcedente y alinee sus prácticas laborales con los estándares que nos llegan del Consejo de Europa”, ha reivindicado.

Es por este motivo que UGT llama al Gobierno convoque el Diálogo Social para adaptar la legislación española a esta resolución. El sindicato reclama fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado; eliminar o elevar los topes de compensación; fomentar la reincorporación; incluir Salarios de Tramitación y asegurar una tramitación judicial más rápida.