El tiempo es el juez que da y quita razones. Pese al ruido y las críticas vertidas sobre la reforma laboral, en los escasos meses transcurridos desde su aprobación ya se ha demostrado como un instrumento eficaz para la mejora de la calidad del empleo. Las cifras de contratación indefinida que revelan los datos mensuales del paro están llegando a cifras récord, tanto en Navarra como en España, a un ritmo superior al que muchos podían prever.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores defendimos desde el primer momento que la reforma laboral suponía un cambio de paradigma al recuperar derechos para la población trabajadora de nuestro país, como se está verificando con el paso del tiempo. Pero al igual que reconocimos las bondades de este importante acuerdo, advertimos de que quedaba tarea por hacer e inaplazables retos que afrontar.

El actual sistema de despido en España deja desamparada a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias, facilitando a las empresas un escenario en el que tienen que realizar el mínimo esfuerzo por probar la causa para aprobar la extinción. El despido injustificado se ha convertido en una fórmula libre y escasamente pagada, con una reducida indemnización que no llega a cubrir realmente el daño causado.

La normativa española reguladora del despido incumple de manera manifiesta lo recogido en el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 58 de la OIT. Por ello, UGT ha presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una reclamación colectiva que denuncia que el precio del despido improcedente en España resulta muy asequible y nada disuasivo, lo que deja vía libre a decisiones arbitrarias, caprichosas e injustificadas por parte de las empresas.

Es necesario que la norma española se adecúe a la legislación internacional porque, de lo contrario, se seguirá permitiendo a las empresas vía libre para despedir. De ahí, la importancia de que el órgano europeo se pronuncie sobre la casuística que padecemos en España, después de años en los que se han reducido las indemnizaciones, se han eliminado salarios de tramitación y ha disminuido la intensidad de las causas de despido.

Es imprescindible que elementos tan importantes como el despido sean abordados de manera inmediata y de forma profunda en la mesa de diálogo social. Debemos continuar por la senda del acuerdo que tan buenos resultados nos ha dado en este último periodo, en el que hemos conseguido sustanciales conquistas sociales. Pero lamentablemente parece que la patronal no está por la labor, como ha puesto de manifiesto al plantarnos en la mesa en la que estábamos abordando la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Pese a su reprochable postura, es indemorable abordar el problema de los salarios en nuestro país. Tenemos que garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras ante una inflación que continúa en cifras muy elevadas y que está perjudicando a innumerables familias y hogares. Esta va a ser nuestro caballo de batalla en todas y cada una de las negociaciones que llevemos a cabo y si la patronal no está dispuesta a acordar, nos tendrá enfrente con movilizaciones.

Los salarios, ya de por sí bajos en nuestro país, tienen que aumentar para garantizar el poder de compra y la calidad de vida de la población trabajadora. Se avecina un periodo de conflictividad si la patronal se mantiene en su negativa a mejorar de modo razonable los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras.

La propuesta de subida salarial que realizamos desde UGT y que vamos a trasladar a todas las negociaciones es sensata, realista y acorde a la coyuntura económica actual. Reclamamos un aumento del 3,5% para el 2022, un 2,5% para el 2023 y del 2% para 2024, con una cláusula de actualización salarial a final de año que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

El IPC adelantado del mes de mayo refleja el efecto nocivo que está provocando para las familias la invasión rusa en Ucrania, con un aumento de los carburantes y de los productos de primera necesidad. Con esta inflación, no subir los salarios supone un lastre para la economía, puesto que el continuo encarecimiento de la cesta de la compra, unido a los bajos salarios, está repercutiendo de manera negativa sobre la demanda y el crecimiento económico.

Necesitamos seguir incidiendo en el impulso de medidas sociales y de protección de los salarios ante la muy delicada coyuntura económica que se prolonga en el tiempo. Ante esta tesitura, la contestación sindical por nuestra parte va a ser contundente y propositiva para proteger la calidad de vida de la clase trabajadora y de la población más vulnerable.

Jesús Santos, secretario general de UGT de Navarra