El profesorado de educación especial requiere de una regulación específica en materia de salud laboral

La Federación de Enseñanza de UGT de Navarra ha propuesto al Comité de Seguridad y Salud del Departamento de Educación realizar un estudio completo y minucioso de las condiciones en materia de salud laboral del profesorado de educación especial, de modo que los centros públicos Andrés Muñoz Garde de Pamplona y Torre Monreal de Tudela puedan contar con una regulación específica para atender sus “importantes particularidades”.

Además, el sindicato ha dirigido una solicitud a la directora de Recursos Educativos solicitando la calificación de “difícil provisión” a estos puestos, lo que conlleva una garantía de tres años de contrato, así como un complemento retributivo por peligrosidad.

La responsable de Enseñanza de UGT de Navarra, Mª José Anaut, destaca que con esta iniciativa el sindicato quiere atender el importante aumento de incidencias en materia de salud laboral registradas entre el profesorado de educación especial, así como resolver las distintas peticiones recibidas en la organización sindical.

Anaut subraya que el profesorado encuentra cada vez mayores obstáculos a la hora de desempeñar su trabajo, siendo uno de los principales colectivos afectados por trastornos de origen psicosocial como estrés, depresión, fatiga psíquica o el síndrome del trabajador quemado, conocido como ‘burnout’.

Según señala la responsable de Enseñanza del sindicato, la incidencia y frecuencia de estas situaciones son tales que la actividad docente es asumida actualmente en los centros de educación especial como una profesión de riesgo, por lo que solicita la creación de un complemento de peligrosidad para el profesorado.

Las incidencias que concurren en la tarea docente han aumentado notablemente”, subraya Anaut, para quien “la prevención de los riesgos laborales debería integrarse tanto en la práctica como en la gestión educativa diaria, lo que redundaría en la calidad de la educación”.

Anaut explica que han ocurrido percances en centros educativos o en salidas escolares que no se están tratando como accidentes de trabajo debido a la forma de notificarse y tramitarse, pero que tendrían esa calificación si se tramitaran de la manera precisa.

En este sentido, la responsable de Enseñanza comparte “el desconcierto de gran parte del profesorado -y del resto de trabajadores del sector- porque el Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, únicamente reconozca los nódulos de las cuerdas vocales como enfermedad profesional en el ejercicio de la docencia”.

Y considera que “la falta de una lista actualizada de enfermedades profesionales que incluya todos los riesgos a los que está expuesto el personal que trabaja en los centros docentes implica que se pueden estar derivando al Sistema Nacional de Salud como contingencias comunes patologías producidas en el ámbito laboral, consecuencia de la dificultad de vincular las causas de las enfermedades con la actividad laboral”.

En paralelo, Anaut defiende que “es necesario aplicar urgentemente mejoras en las condiciones laborales del profesorado que favorezcan la calidad y el bienestar laboral, como reducir la ratio de alumnos por aula, incrementar los recursos económicos, ampliar la dotación de profesores y procurar la estabilidad de los mismos, establecer actividades de apoyo familiar o incrementar las plantillas de profesionales específicos, como orientadores y personal de apoyo”.

Igualmente, apuesta por “una incorporación paulatina al puesto de trabajo para que el profesional que retorne tras una ausencia cuente con el apoyo del profesor interino que le ha sustituido y no esté desde el primer momento a solas con sus alumno, una circunstancia especialmente importante en el colectivo de docentes de educación especial”.