El secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján; y la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia, han presentado en rueda de prensa las acciones del sindicato en materia de vivienda y han anunciado que UGT ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que el derecho a la vivienda se pueda ejercer en España.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que el sindicato ha puesto en marcha iniciativas jurídicas porque “el derecho a la vivienda se encuentra claramente amenazado en España, uno de los países de la UE con menos vivienda social” y ha explicado que “la reclamación, que es muy extensa, hace un repaso de la situación, jurídica y de hecho, del mercado de la vivienda para llegar al convencimiento de que España incumple lo establecido en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada”.

“Con esta reclamación queremos cambiar el paradigma del derecho a la vivienda y que deje de ser política de vivienda y se convierta en un verdadero derecho a la vivienda. Ese es el objetivo principal de nuestra reclamación y, si como esperamos, la reclamación tiene un resultado favorable, las personas podrán ejercitarlo ante los tribunales de justicia, si se les deniega o no obtienen este derecho ante las distintas administraciones públicas, porque este es un derecho humano básico fundamental, recogido en el artículo 31 de la Carta Social Europea, pero también el 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ha añadido.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recalcado que “se trata de una demanda contra el Reino de España y, por tanto, implica a todas y cada una de las administraciones competentes en la materia, tanto el Gobierno, como las CCAA y los Ayuntamientos”.

“Hasta ahora el artículo 47 de la Constitución es más declarativo que efectivo y ese es el cambio que queremos efectuar a través de esta demanda. Queremos que esto se convierta en un derecho que se pueda ejercer y reclamar ante las administraciones públicas y creemos que hay que dar este paso en un momento en que la imposibilidad de acceder a la vivienda requiere medidas y decisiones urgentes”, ha afirmado.

“Hace seis años UGT ya hizo unas jornadas exigiendo que las administraciones tomaran cartas en el asunto y empezaran a desarrollar políticas para abordar la gravedad de este problema”, ha recordado, “pero estas políticas deben mantenerse en el largo plazo, y eso es algo que interpela a toda la sociedad, especialmente a las organizaciones sindicales de clase, que hemos hecho un gran esfuerzo para aumentar los salarios y mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, un esfuerzo que se va por el sumidero con el desborde de los precios de la vivienda”.

“España necesita un acuerdo entre las Administraciones competentes y entrar en el fondo del debate porque si no, esto va a suponer un problema para el desarrollo económico del país”, ha incidido, “y para ello necesitamos medidas a corto, medio y largo plazo”.

“El Estado tiene la obligación de intervenir el mercado de vivienda a corto plazo, sobre todo, los precios de los alquileres. Hay que intervenir el parque de viviendas vacías en nuestro país respetando los derechos de los pequeños tenedores de vivienda,- que muchas veces utilizan el alquiler de una vivienda para complementar una pensión o un salario- pero además, hay que trabajar a medio y a largo plazo, previendo un parque público de vivienda que, como ocurre en otros países de Europa, permita que el acceso a la vivienda no sea un lujo inalcanzable, sino un derecho exigible“, ha destacado.

Fernando Luján ha subrayado que “el derecho a la vivienda origina tanta preocupación en el seno del sindicato que se ha recogido en el programa de acción que se aprobará en el próximo Congreso Confederal porque estamos tremendamente preocupados por el hecho de que el 66% de las personas entre 18 y 34 años vivan con sus padres y sólo el 16,3% de las personas entre 16 y 29 años se hayan podido independizar, de que la media de edad de emancipación supere los 31 años y el alquiler mediano en España ascienda de los 950 euros mensuales, con un SMI de 1134 euros. El Estado tiene que intervenir para resolver esta situación”. Hay que vincular el precio de la vivienda a la cuantía e incrementos de los salarios corrigiendo la situación que se dé en estos momentos en nuestro país que genera personas trabajadoras pobres.

“La Ley de Vivienda pretende llegar al 20% de tasa de vivienda social, pero en un plazo de 20 años y la sociedad española no puede esperar 20 años. Además, el Estado tiene que garantizar que los salarios permitan, como exige la Carta Social Europea y nuestra propia Constitución, una vida digna. Si no se interviene en el mercado de la vivienda hay riesgos extraordinarios de pobreza”, ha advertido.