En su exposición, Rodríguez ha informado de las propuestas de su organización para los próximos cuatro años en el Consejo de la Guardia Civil, órgano donde se discuten todas aquellas cuestiones que afectan a las condiciones profesionales de los miembros de la Guardia Civil.
Rodríguez ha afirmado que son "conscientes" de la situación económica actual, pero ha asegurado que "no por ello" van a "renunciar a seguir solicitando una equiparación salarial con el resto de cuerpos policiales". "A día de hoy el salario de un guardia civil está muy por debajo de cualquier otro compañero de policía autónoma o policía local", ha destacado.
Como ejemplo, Rodríguez ha señalado que el salario de un guardia civil es de entre 150 y 200 euros menos al mes que un policía nacional, cuando la jornada laboral del primero es mayor.
"La Unión de Guardias Civiles está muy orgullosa de ser lo que somos y queremos seguir siéndolo, por lo que rechazamos cualquier proyecto u ocurrencia de fusión con otro Cuerpo policial, algo que no quiere decir que renunciemos a los derechos que nos corresponden como al resto de trabajadores de la seguridad pública", ha insistido.
REGLAMENTO DE DESTINOS
Por otra parte, Rodríguez ha pedido que "las modificaciones que la Dirección General de la Guardia Civil quiere realizar en el reglamento de destinos no afecte a los agentes actualmente destinados en Navarra y País Vasco, de modo que mantengan su preferencia a la hora de ocupar cualquier vacante que se produzca dentro del Cuerpo".
Rodríguez, además, ha abogado por "una reestructuración del despliegue territorial de la Guardia Civil en España", ya que "en la actualidad hay casi 2.500 cuarteles, una auténtica barbaridad". Así, ha apostado por "reducir el número de unidades y concentrar esas plantillas en las unidades mayores resultantes".
"Esto permitiría tener nuestras instalaciones permanentemente abiertas y dar mayor servicio al público, así como una mayor presencia de guardias civiles en tareas de seguridad ciudadana", ha explicado.
Por último, ha esperado que "la aplicación de la normativa sobre riesgos laborales sea un hecho y no un simple lavado de cara", después de que se hayan abierto oficinas de riesgos laborales en las comandancias de la Guardia Civil.