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Los sindicatos reclaman el cumplimiento del pacto educativo y que se "deje de recortar derechos al profesorado"

12/06/2020

Los sindicatos LAB, Steilas, Afapna, ANPE, CCOO y UGT han reclamado el cumplimiento del Pacto Educativo para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra, firmado en 2018, y han demandado al Ejecutivo foral que "recapacite y deje de recortar derechos al profesorado de la educación pública" tras la "drástica reducción del número de sustituciones" durante el estado de alarma.

En especial, han reivindicado "la compensación de las horas de dirección para los centros rurales y las reducciones de horas de docencia por edad que no se están efectuando y no se contemplan en las plantillas para el próximo curso".

Representantes de estas organizaciones se han concentrado este viernes frente al Departamento de Educación portando carteles con el mensaje 'Que el Departamento cumpla lo aprobado por el Parlamento' o 'Cumplimiento del pacto educativo ¡ya!'. María José Anaut, de UGT, y Ainhoa Díaz, de LAB, en representación de los convocantes, han leído un comunicado, en castellano y euskera, en el que han remarcado que "no hay ninguna normativa posterior que derogue este pacto, por lo que debe cumplirse".

Han recordado, además, que el pacto tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2022, "prorrogándose de forma automática su contenido hasta la suscripción de un nuevo acuerdo"; y que sus medidas "serán cumplidas en la fecha que indique el apartado o punto correspondiente, o, en su defecto, en el periodo comprendido por el propio pacto".

Han resaltado, también, que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, "se ha comprometido con el cumplimiento del pacto en el Parlamento de Navarra, en el acuerdo programático y ante la mesa sectorial de la Educación Pública", y que la Cámara foral aprobó "por unanimidad" el pasado 10 de junio una resolución para que "se siga dando cumplimiento" al pacto educativo y se garantice la reducción de jornada a los docentes de más de 57 años a partir de septiembre de 2020.

"Este pacto es el fruto de una larga y difícil negociación con el Gobierno, en la que hubo que superar muchos escollos referidos a aspectos presupuestarios, por lo que la excusa de que no hay dinero no tiene ningún sentido; será, más bien, que no quieren invertirlo en la educación pública", han criticado.

Los sindicatos han afirmado que, de cumplirse este pacto, "supondría la mejora de muchos aspectos: formación, sustituciones, ratios, atención a la diversidad, impulso a la escuela rural, comedores escolares, autonomía energética, software libre, etc".

Ainhoa Díaz, de LAB, ha criticado que "este curso sólo se nos ha llamado una vez para la comisión de seguimiento del pacto cuando debería ser cada trimestre, y en esa reunión lo único que se nos comunicó era que no había dinero para seguir adelante". Y ha exigido que se llame a los sindicatos para abordar la calendarización de las medidas incluidas en el pacto educativo.

Por su parte, María José Anaut, de UGT, ha apuntado que "Función Pública siempre estuvo presente en las reuniones de la negociación del pacto por lo que entendemos que sí se estaban reflexionando el coste que podían tener las medidas".

También ha intervenido en el acto, María Palacios, profesora en el colegio público de Berriozar, quien ha considerado un "varapalo" que se vaya a "incumplir el pacto". Ha destacado que las condiciones laborales "han empeorado muchísimo" tras "el pacto de 2007, que fue incumplido" y la "etapa de los recortes" que supuso "subidas de ratios, mayor docencia directa y prácticamente nada de tiempo para organizar el trabajo".

Para Palacios, es "fundamental" que se lleven a cabo las reducciones de horas de docencia por edad, y ha subrayado que "cuidar las condiciones de trabajo supone menos bajas laborales y, por lo tanto, una calidad de enseñanza mayor". "Más trabajo, más edad y menos vitalidad es una fórmula que no cuadra", ha añadido.

NEGOCIACIÓN CON LOS AGENTES EDUCATIVOS EL RETORNO A LAS AULAS

Por otro lado, los representantes sindicales han reclamado una negociación con todos los agentes educativos, también con los ayuntamientos, de un plan para el regreso a los centros educativos en septiembre.

Sobre las condiciones planteadas por la ministra de Educación, Isabel Celáa, en la Conferencia Sectorial, Ainhoa Díaz, de LAB, ha remarcado que "si así lo exige la autoridad sanitaria, tendrá que ser viables; lo que va a suponer es más recursos y una reorganización tanto de personal como materiales".

En este mismo sentido, María José Anaut, de UGT, ha opinado que "debe haber un cambio organizativo". "El tema del Covid-19 no puede caer sólo en las espaldas de los docentes y tendrá que haber algún agente que se ocupe de recursos laborales y enfermería", ha planteado. Igualmente, ha resaltado que será necesario un "incremento de la plantilla" del profesorado si se van a reducir los grupos a 20 alumnos.

Por su parte, Raúl López, de Steila, ha destacado que "si tiene que haber espacios alternativos tienen que empezar a prepararse ya, y si tiene que haber más dotación económica para poder contratar a más profesorado hay que ponerlo encima de la mesa ya".

Los representantes sindicales se han referido igualmente al teletrabajo que, han indicado, "se tiene que regular tanto en horario como en condiciones laborales, que tienen que ser idénticas de las presenciales", ha planteado Anaut.

Ainhoa Díaz ha opinado que debe priorizarse la docencia presencial, sobre todo el Infantil y Primaria, si bien ha afirmado que podría compatibilizarse con el teletrabajo en otros niveles de enseñanza.

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