La FeSP-UGT considera que la conciliación de la vida familiar y laboral es un derecho propio de todos los empleados que prestan sus servicios en el Gobierno de Navarra y ha de ser un objetivo prioritario con el fin de tener una sociedad más justa e igualitaria.

Desde hace bastante tiempo, la FeSP-UGT viene reclamando la flexibilidad horaria con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional de todos los trabajadores. La situación actual perjudica especialmente a la mujer, ya que, en la mayoría de los casos es ésta la que solicita los permisos no retribuidos para poder conciliar vida familiar y laboral, con el impacto que tiene en su salario, futuras pensiones y promoción laboral.

El sindicato señala que Castilla-La Mancha y la Comunidad Autónoma Vasca ya acordaron en su momento implantar la jornada de 35 horas. Si bien en ambos casos dicha medida ha sido judicializada, Euskadi mantiene provisionalmente la aplicación efectiva de las 35 horas semanales en tanto se resuelva el conflicto por la vía judicial o mediante la negociación política. De hecho, llama poderosamente la atención que el Gobierno Vasco luche de manera activa y efectiva por el mantenimiento de la jornada de 35 horas semanales en sus Administraciones Públicas, mientras que en Navarra, un Gobierno del mismo color político, hoy por hoy ni se plantean su aplicación.

Por su parte, Andalucía y Extremadura han acordado implantar las 35 horas para el 2017 y la Administración General del Estado ha anunciado estudiar dicha medida para su posible implantación el año que viene. Así mismo, la Administración del Estado también está estudiando la medida de cierre de centros de trabajo a las 18:00 horas.

Por todo ello, la UGT no entiende que si numerosas Comunidades Autónomas han implantado o van a implantar las 35 horas, y el propio Estado está barajando aplicar dicha medida, por conciliación de la vida familiar y laboral, como compensación a todos los esfuerzos realizados por los trabajadores de las Administraciones Públicas estos años de recortes, y para lograr una mayor igualación de condiciones laborales entre empleados de todas las Administraciones Públicas, el Gobierno de Navarra no acuerde una medida similar para sus trabajadores.

Por último, en materia retributiva, la UGT recuerda que los salarios de los empleados públicos de Navarra fueron rebajados en mayo de 2010 en un 5% de media, medida a la que siguieron las congelaciones salariales impuestas desde entonces a los trabajadores públicos. Por todo ello, insistimos en la necesidad de un acuerdo de legislatura que permita una recuperación paulatina del poder adquisitivo perdido durante los últimos años con unas subidas salariales del 1% por encima del IPC real de Navarra.