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La UGT no rebajará las exigencias en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado

17/06/2015

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT se congratula ante la convocatoria, el 16 de julio, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) y advierte que no rebajará las exigencias planteadas para recuperar los derechos laborales de estos trabajadores. UGT no consentirá que la Mesa se devalúe a un mero trámite.

UGT ha señalado que la negociación debe responder a las reivindicaciones de un colectivo que ha sufrido, desde el inicio de la crisis, graves mermas en sus condiciones laborales. Las reivindicaciones de UGT se vertebran en:

- Perspectivas de creación de empleo, que permitan la prestación adecuada de los Servicios Públicos

- Recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años, más la concreción del calendario de recuperación íntegra de la paga extra de diciembre de 2012

- Alcanzar un acuerdo sobre la recuperación de los días adicionales por vacaciones y asuntos propios, y demás derechos derogados por el RD 20/2012

- Mantenimiento en términos de calidad y suficiencia presupuestaria de los conciertos sanitarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU)

UGT reitera, además, la necesidad de establecer medidas para corregir las vulneraciones a la Carta Social Europea que el pasado mes de enero denunció el Comité Europeo de Derechos Sociales. En concreto, la vulneración del Gobierno de España al artículo 4.1 (Derecho a una remuneración equitativa y suficiente) en tanto declara en su Informe que “el salario de los trabajadores contratados de la Función Pública no basta para asegurar un nivel de vida decente”. Refiriéndose a las retribuciones de los grupos que no alcanzan el 50% del salario medio neto. Motivo por el cual, UGT solicitó en su día la convocatoria de la Mesa General de Negociación de AGE.

El Gobierno ha infligido importantes recortes a todos los empleados públicos, incluidos los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). UGT ha calculado que la supresión de la paga extra, una de las agresiones más directas al sueldo de todos los empleados públicos, supuso un recorte de unos 5.210 millones de euros para todas las Administraciones, lo que significó una pérdida porcentual del 7% en la nómina de los empleados públicos. Hasta el momento sólo se ha devuelto el 25% en algunas administraciones. Los salarios en las Administraciones Públicas –salario base y trienios- han retrocedido a niveles de 2007. El Gobierno, subraya UGT, no ha sabido superar la crisis en los términos que los empleados y empleadas públicas demandan.

La acción social (entorno al 1% de la masa salarial) se ha visto reducida drásticamente. Según cálculos del propio Gobierno este recorte asciende a 54 millones de euros.

Los servicios públicos han sufrido la congelación de la oferta de empleo público en los tres últimos ejercicios –lo que supone un recorte de 5.300 millones y la amortización de 13.297 plazas vacantes sólo en la Administración General del Estado.

La modificación del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal ha hecho que en caso de baja por enfermedad, se cobre solo una parte del salario. El Gobierno cuantificó esta medida en 1.023 millones de euros.

Desde el año 2010 hay una prohibición de aportación a planes de pensiones, lo que ha provocado que las cantidades aportadas con anterioridad estén congeladas, cuando no mermadas, por la pérdida de rentabilidad.

Otras acciones se han centrado en aspectos laborales de los empleados públicos como la jornada. La implantación, con carácter básico y mínimo, de una jornada de 37 horas y media a la semana; la supresión de los días de libre disposición adicionales, a partir del 6º trienio y la supresión de tres días de libre disposición: se rebajó de seis a tres, con carácter básico. A lo largo de estos años han devuelto 1+1 en diversas normas.

La lista de recortes es extensa y no se limita al aspecto salarial. Entre ellas, supresión de la jubilación parcial para el personal funcionario, prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y que no se ha llegado a desarrollar.

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