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La UGT pone en marcha una campaña en defensa de los servicios públicos locales

17/10/2013

El Pleno del Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una reforma que supondrá la eliminación o privatización de un gran número de servicios a la ciudadanía y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Se trata de una reforma injusta, injustificada y anticonstitucional. Uno de los ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia de nuestra democracia que reduce la atención y la protección a las personas, en un momento en el que la tasa de pobreza supera ya el 21% y el desempleo, el 26% y hay una gran necesidad de protección social.

Además, la UGT subraya que, más allá del criterio económico, obedece a un componente ideológico que apuesta por la recentralización, poniendo en peligro la cohesión social y territorial al invadir competencias de las Comunidades Autónomas y reducir las competencias y la financiación de los Ayuntamientos.

Con esta iniciativa, desaparecerán gran parte de los servicios públicos más cercanos al ciudadano, como las escuelas infantiles, de adultos, de música o danza, los servicios de salud municipal, de prevención e inserción social, de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, y supondrán copagos en servicios esenciales como el suministro de agua, la recogida de basuras, el alcantarillado o la limpieza viaria.

Pero no sólo eso. Según el proyecto del Gobierno, casi el 84% de los municipios españoles dejarán de prestar servicios, e incluso podrían dejar de existir. Su supervivencia se evaluará en función de su rentabilidad económica.

El sindicato considera que las Entidades Locales son las auténticas prestadoras de servicios públicos a la ciudadanía y que garantizan la cohesión social, interterritorial y la igualdad. Por ello, ha puesto en marcha una campaña en defensa de los servicios públicos locales y hace un llamamiento al Gobierno para que retire su propuesta, rectifique y busque el necesario consenso político y social.

Los Ayuntamientos no son los culpables del déficit público, de hecho, su deuda supone apenas un 3,7% del total de las Administraciones Públicas y más de 3.000 Administraciones Locales tienen superávit.

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