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No a la instrumentalización política del euskera

30/10/2017 | Jesús Elizalde Esteban, Secretario del Sector Autonómico de FESP-UGT-Navarra

El proyecto de Decreto Foral por el que se regulará el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra ha sido objeto recientemente del preceptivo dictamen del Consejo de Navarra, que concluye que los artículos 25.2, 30.2, 31, 34.2, 35, 38.2, 39 y la disposición transitoria cuarta no se ajustan a la legalidad.

Cuando la Administración dio a conocer a los sindicatos el borrador de este Decreto, la UGT dejó claro que no le parecía de recibo que en la futura Administración el derecho a utilizar una segunda lengua hablada por un porcentaje minoritario de la población se ponga por encima de un derecho fundamental como el acceso en condiciones de igualdad de los castellanohablantes a la función pública en una sociedad en la cual el 100% de la población habla castellano. En el escrito de alegaciones que dirigimos a la Mesa General de Función Pública explicábamos que dicha norma vulneraría los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Administración, así como en la promoción y movilidad interna (concursos de traslado) y supondría una paulatina precarización de los derechos laborales del personal castellanohablante, tanto funcionario como contratado, generando situaciones de inestabilidad e inseguridad laboral en este personal por una cuestión lingüística.

Recordemos que los datos estadísticos facilitados por el Gobierno de Navarra reflejan que únicamente el 12,9% de la población navarra en su conjunto es vascohablante. Si desglosamos este dato por zonas, observamos lo siguiente: en la zona vascófona el 61,1% de las personas son vascohablantes; en la zona mixta lo son el 11,3% de la población; y en la zona no vascófona, el 2,7% de la ciudadanía.

En las citadas alegaciones expusimos que se pretendía restar importancia al hecho de que sea el castellano la lengua utilizada por el 100% de la población navarra, así como que el proyecto desdibujaba la zonificación establecida en la Ley Foral del Vascuence, introduciendo la obligación de que haya personal que hable ambas lenguas en puestos que según la Ley y la realidad lingüística navarra no lo precisan, pretendiendo de esta manera distorsionar nuestra realidad sociolingüística, tan diversa.

En consecuencia, y tras precisar que en UGT compartimos muchas de las medidas de fomento del euskera, pero no la instrumentalización política que se pretende en ocasiones, nuestra organización sindical negó su apoyo al borrador de Decreto Foral, solicitamos su retirada y con ello la aplicación de los criterios y principios que dicho documento recogía, pero la Administración no lo tuvo en cuenta, lo ignoró por completo.

Pues bien, resulta que ahora en el Consejo de Navarra dictamina que los ocho preceptos arriba referenciados no se ajustan a la legalidad con similares argumentos y objeciones a las planteadas por la UGT ante la Mesa General.

En síntesis, el citado órgano consultivo señala que el derecho de la ciudadanía a dirigirse y obtener respuesta de las Administraciones Públicas de Navarra tiene una distinta intensidad en función de la realidad sociolingüística de cada una de las zonas lingüísticas delimitadas en la Ley. Indica también el Consejo de Navarra que el conocimiento de la lengua cooficial para acceder a determinadas plazas de funcionario debe hacerse dentro del necesario respeto a lo dispuesto en los artículos 14 (igualdad de todos ante Ley) y 23 (derecho a acceder en condiciones de igual¬dad a las funciones y cargos públicos) de la Constitución, sin que se produzca discriminación, esto es, la exigencia de que el bilingüismo ha de llevarse a cabo con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad.

En definitiva, el informe cuestiona los criterios del proyecto para establecer plazas con perfil bilingüe en nuestra Administración, así como los baremos de valoración del euskera como mérito en la zona mixta, en los servicios centrales (en ambos casos para el concurso-oposición un 7% y un 14%, en función de las circunstancias, y, para el concurso de traslado, el 6% y el 12%, respectivamente) y en la zona no vascófona (7% en el concurso-oposición y 6% en concursos de traslado). Señala el Consejo que no se aportan razones que justifiquen los nuevos criterios que se pretende implantar y que dicho proyecto compromete los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso a la Función Pública, así como en los procesos de movilidad interna del personal.

Veremos ahora cómo el Gobierno de Navarra recoge las consideraciones que el Consejo de Navarra ha reflejado en su dictamen y hasta qué punto las plasma en el futuro Decreto Foral.

En UGT estaremos vigilantes para que el diseño de la futura Administración no establezca criterios lingüísticos de ingreso discriminatorios para el 87% de la población navarra, ni suponga una progresiva precarización de los derechos laborales del actual personal castellanohablante.

Jesús Elizalde Esteban
Secretario del Sector Autonómico de FESP-UGT-Navarra

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