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Un horizonte esperanzador para el empleo

06/08/2021 | Jesús Santos, Secretario General de la UGT de Navarra.

Hace unos meses le leí a un economista que se identificaba como socialdemócrata una de esas afirmaciones que pueden tildarse de lapidarias: “El mayor fracaso colectivo de la España democrática es la persistencia de una elevada tasa de paro”. Y me pareció una opinión rigurosamente cierta, tanto por la realidad estadística en la que se sostiene, como por el componente de crítica política que la envuelve.

Prácticamente desde el inicio del actual periodo democrático, la tasa media de paro en España se ha situado alrededor del 17% de la población activa, una cifra que casi duplica la registrada en países de nuestro entorno, como Francia e Italia, con tasas medias de entre el 9 y el 9,5%, y que se aleja más de 10 puntos del paro registrado en las economías más desarrolladas del continente, como es el caso de Alemania y de los países nórdicos.

Estas cifras sitúan a un porcentaje importantísimo de la población española al margen de un derecho constitucional, como es el derecho al trabajo, impidiendo su emancipación y la realización de un proyecto de vida digno de tal nombre, así como el acceso a otros derechos laborales y sociales vinculados al trabajo.

Este fracaso colectivo, que significa convivir con altas tasas de paro, tiene un componente adicional que es la pésima calidad de buena parte del empleo existente, es decir, la precariedad bastante generalizada de las condiciones de trabajo.

El análisis de la evolución del paro en nuestro país en relación a la de los países del resto de Europa, en periodos tanto de crecimiento como de crisis, nos indica que no estamos ante un problema coyuntural, ni relacionado con una insuficiencia de la demanda agregada, ni principalmente con la estructura sectorial, en el caso de España muy dependiente de los servicios, en general, y del turismo, en particular. Se trata de un fenómeno estructural condicionado por el marco institucional, es decir, por las normas reguladoras del mercado de trabajo, su grado de cumplimiento y las prácticas asociadas de administraciones públicas, empresas y trabajadores.

Ante tasas de paro estructural tan elevadas, desde los primeros años de la Transición se optó por fomentar la contratación temporal, lo que ha provocado una temporalidad sostenida en el tiempo de alrededor de diez puntos por encima de la media de la zona euro, una segmentación del mercado de trabajo entre trabajadores fijos y temporales y una extensión de los contratos de muy corta duración, con efectos francamente nocivos, como son la desigualdad entre trabajadores jóvenes y veteranos, entre trabajadores y trabajadoras, la escasa inversión en capital humano y un alto coste en prestaciones por desempleo.

Añádanse efectos derivados, como la escasísima identificación del trabajador con la empresa y sus objetivos o la dificultad para optimizar el conocimiento sobre el puesto de trabajo y desarrollar altos niveles de destreza, con la consiguiente incidencia en la productividad y la competitividad, así como unos índices inaceptables de siniestralidad laboral.

En el caso de Navarra, podemos decir con cierto orgullo que todas estas afirmaciones son matizables. Y creo que también aquí hay factores institucionales que explican una situación objetivamente mejor que la del conjunto del país, más en términos cuantitativos que cualitativos, todo hay que decirlo.

Nuestra Comunidad siempre ha mantenido un diferencial positivo en menor tasa de desempleo con respecto a la media española, en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis, cuando se ha disparado el paro. En las dos décadas que llevamos de siglo, ese diferencial se ha movido entre 3 y 6 puntos, con excepción del periodo más agudo de la gran crisis, entre 2009 y 2015, en el que se eleva a entre 7 y 8 puntos.

Creo que frente a quienes desprecian los sucesivos planes de empleo de los que se ha dotado Navarra a lo largo del tiempo, estas cifras constatan su eficacia, especialmente en ciclos económicos depresivos, en los que nos han permitido evitar una mayor destrucción de empleo. Y por si queda alguna duda, la evolución posterior a 2015, cuando el Gobierno foral renuncia por primera vez a contar con esta herramienta fundamental, recorta el diferencial en tasa de paro entre Navarra y el conjunto de España hasta situarlo de nuevo en torno al 5%.

Por tanto, volver a contar con un plan de empleo, como el acordado por el actual Gobierno de Navarra con la patronal y los sindicatos que hemos estado dispuestos a negociar, UGT y CCOO, que además somos los más representativos, me hace albergar la esperanza de que, a medio plazo, y si logramos controlar la pandemia y consolidar un nuevo ciclo de crecimiento, consigamos reducir el paro a tasas que se aproximen a lo que técnicamente se considera pleno empleo.

Pero hablar de empleo con propiedad requiere un marco legal completamente distinto al que nos impuso el Gobierno de Rajoy mediante la brutal, injusta e inútil reforma laboral de 2012. Sin recuperar aquellos derechos laborales que nos fueron arrebatados a los trabajadores, sin reponer el equilibrio negociador entre patronal y sindicatos, sin restaurar la negociación colectiva con tota su potencialidad, se podrá decir que estamos recuperando los niveles de ocupación barridos por la crisis, pero no de empleo. Porque el empleo no es únicamente tener trabajo, implica tener derechos laborales, condiciones económicas dignas, acabar con las desigualdades por razón de género, edad o lugar de procedencia, garantías de salud y seguridad y un horizonte de futuro, que sólo lo dan los contratos estables.

Jesús Santos, Secretario General de la UGT de Navarra.

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