Más allá de discrepancias técnicas, triquiñuelas políticas, oportunismo partidista o lo que quiera que haya detrás de esta incomprensible decisión adoptada por el Gobierno de España, lo que está en juego es la estabilidad económica y financiera de Navarra, y, como consecuencia, la desaparición de cualquier horizonte de progreso y bienestar para los hombres y mujeres de nuestra Comunidad, y especialmente para los colectivos que han sufrido con mayor intensidad el impacto de la crisis y de los recortes impuestos por las políticas mal llamadas de austeridad.

Privar a Navarra de una cuantía que prácticamente supone la mitad de sus presupuestos para un ejercicio comprometería hasta extremos absolutamente inaceptables la capacidad de inversión pública destinada a las políticas sociales y de igualdad, prestación de servicios públicos esenciales, sostenimiento del tejido productivo, lucha contra el desempleo y desarrollo de infraestructuras, lo que tendría un brutal impacto social a corto plazo, situando a nuestra Comunidad a medio plazo en parámetros tercermundistas.

Por todo ello, la UGT considera imprescindible la unidad sin fisuras de todas las instituciones navarras, fuerzas políticas, organizaciones sindicales y sociales para hacer frente a este despropósito, exigir al Gobierno central que recupere la cordura y renuncie a una reclamación injusta e injustificada, y defender un futuro de progreso y bienestar para los ciudadanos de Navarra y especialmente para quienes tienen una mayor necesidad de protección pública.