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La UGT exige la retirada de la Ley de Mutuas porque supone un nuevo recorte a los derechos de los trabajadores

21/07/2014

La UGT exige la retirada del proyecto de Ley de Mutuas, aprobado por el Consejo de Ministros este viernes 18 de julio, porque supone un nuevo recorte en los derechos de los trabajadores al primar los intereses económicos frente a los derechos a la protección social y a la recuperación de la salud de los trabajadores.

A continuación, detallamos las principales características de esta reforma:

- Aumenta el poder de las mutuas, que podrán controlar desde el primer día no solo la contingencia profesional, como en la actualidad, sino también la común (enfermedad común y accidente no laboral), entre el primer día y el decimoquinto de la baja médica. Hasta ahora, este control solo lo podía realizar desde el decimosexto día.
• Se aparta al médico de atención primaria (médico de familia), pues se faculta a la mutua para que proponga el alta médica a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud, que tiene cinco días para emitirla o denegarla; si la mutua no queda conforme con la respuesta, podrá solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que debe contestar en un plazo de cuatro días, y todo ello sin pasar por el médico de familia.
• Si el trabajador no acude a un llamamiento de la mutua o de la Inspección Médica, automáticamente se retirará la prestación económica, es decir, se presupone la mala fe del trabajador. Tan solo se repondrá el derecho una vez que la mutua haya comprobado la existencia de justificación.
• Podrán denegar, suspender, anular, e incluso declarar la extinción de la prestación económica de la incapacidad temporal (IT) común sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por los Servicios Públicos de Salud. Es decir, el trabajador recibirá asistencia sanitaria, pero no verá ni un euro, salvo que se reincorpore al puesto de trabajo a pesar de estar enfermo.

- Convierte a las mutuas en policías y fiscales de los trabajadores y de los médicos de los Servicios Públicos de Salud. Se confunde, una vez más, de forma inadecuada y torticera la incapacidad laboral con el absentismo laboral injustificado (una cuestión que, en cualquier caso, corresponde al ámbito de la Negociación Colectiva).

- Genera desigualdades, especialmente en la gestión de la Incapacidad Temporal, discriminando al paciente en cuanto a las prestaciones económicas y las prestaciones sanitarias.

- No se plantea la participación de los trabajadores y sus representantes en la elección de la mutua o en la elección de facultativo y menoscaba la participación sindical en los órganos de control y seguimiento, así como en las comisiones de prestaciones especiales.

-Insiste en la naturaleza privada de estas entidades y, en un alarde de ambigüedad, las sitúa en el sector público estatal de carácter administrativo, lo que asegura conflictividad e incertidumbre a la hora de recurrir a la vía judicial, pues los Tribunales pondrán el acento bien en una dimensión bien en otra.

- Genera incertidumbres porque prácticamente todo queda abierto a un posterior desarrollo reglamentario; esto deja entrever que no se tiene claro cómo hacer lo que se pretende.

Este proyecto de ley, asegura María Simón, Secretaria de Acción Sindical y Empleo de la UGT de Navarra, “ve la luz en un año de repunte de todos los índices de siniestralidad en Navarra, de aumento de los accidentes laborales, los mortales y el índice de incidencia, mientras que, por el contrario, disminuyen los accidentes laborales con baja por miedo a perder el empleo”. Por ello, Simón solicita “la retirada de este proyecto de ley y que el Ejecutivo demuestre su voluntad de diálogo social buscando el consenso en esta materia”.

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