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La desigualdad, una amenaza para el Estado social y democrático

24/08/2017 | Jesús Santos Pérez, Secretario General de la UGT de Navarra.

Parece que ya nadie discute que la principal consecuencia de la gran crisis que hemos padecido en esta última década es la desigualdad. Una desigualdad que no ha dejado de agrandarse y que se está convirtiendo en una amenaza explícita para el modelo europeo de sociedad del bienestar y en un elemento corrosivo para el propio sistema democrático.

Si la macroeconomía, en sus grandes cifras, alienta el discurso triunfalista de que la crisis ha quedado atrás, hurgar un poco en la realidad social y en las economías familiares evidencia que estamos lejos de poder hacer extensiva esa afirmación al conjunto de la sociedad, ni siquiera a una exigua mayoría de los ciudadanos.

La crisis es historia medida en cifras de crecimiento económico y de rentabilidad empresarial, pero sigue siendo una realidad muy presente y angustiosa en términos de desempleo, empobrecimiento, caída de rentas personales y familiares y, como consecuencia de todo ello, desigualdad.

El célebre economista francés Thomas Piketty identifica el desempleo como una causa directa de la desigualdad, tesis corroborada por distintos estudios realizados por la OCDE, que revelan que en los países con tasas de paro por encima del 10% es donde más ha crecido la desigualdad. Pues bien, España se encuentra en esa situación y Navarra, con una tasa de paro del 10,55% el pasado mes de junio, se sitúa todavía en un terreno fronterizo no exento de riesgos.

Si a un alto desempleo, masivo entre los trabajadores más jóvenes (34,30%) y de origen extranjero (34,40%), tremendamente feminizado, no en vano la tasa de paro de las mujeres (14,43%) duplica a la de los hombres, y prácticamente estructural entre el colectivo de personas mayores de 55 años (la mitad de este colectivo lleva más de dos años en desempleo), le unimos un deterioro salarial generalizado y una creciente disparidad salarial entre quienes más y quienes menos cobran, los perfiles del gran problema que nos ha dejado la crisis como herencia son absolutamente nítidos.

Frente a una salida de la crisis solidaria y con cohesión social, como hubiera sido deseable, lo que tenemos es una alarmante precariedad juvenil, paro de muy larga duración para las personas mayores expulsadas del mercado laboral, brechas de género en todos los indicadores laborales y destrucción masiva de empleo para el colectivo de inmigrantes.

A la desigualdad básica entre quienes tienen y no tienen trabajo, se viene a sumar la desigualdad de condiciones de trabajo como un tumor añadido. En el plano salarial, la devaluación registrada en Navarra desde 2011, que roza el 3%, se ha visto acompañada por la agudización de la dualidad salarial, ya que entre los años 2008 y 2015, último año sobre el que existen datos oficiales, los salarios más altos se han incrementado en un 11,36%, mientras que los más bajos han disminuido un 3,50%, situándose la diferencia en 33.403 euros anuales en el año 2015, lo que significa un 16% más de diferencia que en 2008.

Por eso estamos insistiendo tanto en la necesidad de abordar un incremento sensible de los salarios, especialmente de los más bajos, una demanda avalada por instituciones internacionales, Gobierno, reputados expertos y, paradójicamente, la propia cúpula empresarial, que luego se ha negado a materializarlo en la mesa negociadora. De acuerdo con los datos proporcionados por los organismos oficiales, cuatro de cada diez trabajadores perciben menos de 1.290 euros mensuales y más del 12% no llegan a los 650 euros mensuales. Con estos salarios no es difícil anticipar que las tasas de crecimiento actuales son insostenibles a medio plazo.

Si las rentas salariales no se recuperan del descenso acusado que han sufrido durante estos últimos años, si no conseguimos revertir la precarización de los jóvenes, de los trabajadores temporales, de las mujeres y de los estratos con menor cualificación profesional, y que ha agudizado las desigualdades salariales de estos colectivos respecto de la media hasta porcentajes que rondan el 30%, estamos condenando a la pobreza inmediata a una buena parte de nuestra sociedad, pero a medio y largo plazo nos estaremos empobreciendo todos. Porque los bajos salarios llevan asociadas bajas cotizaciones, que acabarán produciendo pensiones mínimas en el futuro.

Con desigualdad, precariedad y bajos salarios como elementos estructurales y vertebradores de una sociedad que supuestamente ha superado la crisis económica, ni hay bases sólidas para la recuperación del empleo, ni el modelo de bienestar será sostenible. Al contrario, lo que estaremos alentando es la desafección democrática de importantes colectivos, poniendo en serio riesgo el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, del que nos dotamos en nuestra Constitución.

Jesús Santos Pérez, Secretario General de la UGT de Navarra.

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