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El déficit de la Seguridad Social tiene trampa

21/02/2018 | Jesús Santos Pérez, Secretario General de la UGT de Navarra

Tengo que reconocer que escribo estas líneas con una mezcla de rabia y perplejidad, después de escuchar a varios de nuestros dirigentes políticos, entre ellos el presidente Mariano Rajoy, decir una sarta de sandeces o recurrir a frivolidades para tratar de desviar la atención del cabreo general que ha provocado la ridícula subida del 0,25% de las pensiones y seguir sembrando dudas sobre la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones.

A los pensionistas, que siguen recibiendo cada mes de enero la tradicional carta de la ministra Báñez anunciándoles subidas mensuales de entre 1 y 3 euros, no les engaña nadie. Pero me pregunto cómo es posible que no haya alguien en el Gobierno, con un poquito de vergüenza y sensatez, que convenza a esta ministra para que ponga fin a esa infame iniciativa, que solo provoca indignación.

Y si a la cartita de marras añadimos las recomendaciones del presidente a la ciudadanía para que ahorre de cara a la vejez -¿qué joven puede ahorrar con salarios de 700 u 800 euros al mes?- o las estupideces en formato de declaración política que suelta cada vez que tiene ocasión la diputada Villalobos -¿a dónde van los jóvenes ahorrando 2 euros al mes o lo que es lo mismo 960 euros en cuarenta años?-, pues qué quieren que les diga, que los ciudadanos de este país tienen más paciencia que el santo Job.

El problema de nuestro sistema público de pensiones, que no era tal antes de que este Gobierno tomara las riendas del país, se resuelve con decisiones que van en dirección absolutamente contraria a las adoptadas desde la reforma de las pensiones impuesta al calor de la mayoría absoluta que tenía el Ejecutivo del PP, y que ya no tiene, aunque no lo parezca.

Para lo que les interesa, para fomentar el negocio de los fondos privados de pensiones, que es el meollo de la cuestión y la razón por la que se está debilitando y poniendo en riesgo artificialmente el sistema público, ya anda más listo este Gobierno. Ahí están las medidas que acaba de tomar el Consejo de Ministros sobre acortamiento del tiempo de rescate del dinero invertido o la rebaja de las comisiones aplicadas.

Y es que el origen del problema que tenemos en España con las pensiones públicas, que no lo olvidemos, son el salario de nuestros mayores, está en aquella reforma de 2013, realizada bajo el único principio de recortar gasto público, que establece que, mientras la Seguridad Social se encuentre en situación de déficit, las pensiones no subirán anualmente más allá del 0,25%. Si lo que se pretende es seguir devaluando las pensiones para incentivar la contratación de planes privados, no queda otra que perpetuar el déficit de la Seguridad Social. Y a ello dedica este Gobierno buena parte de sus energías. Por eso digo que ese déficit tiene trampa.

¿Por qué tenemos que pagar los trabajadores con nuestras cotizaciones los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, incluidos los salarios de sus empleados y no se cargan a los Presupuestos Generales del Estado, como todo el resto de ministerios y organismos públicos? Si se resolviera esta anomalía, la Seguridad Social se ahorraría 2.340 millones de euros.

¿Por qué se bonifican a las empresas un sinfín de contrataciones con cargo a nuestras cotizaciones? Si se pusiera fin a esta práctica, tan inútil para incentivar la creación de empleo como dañina para nuestro sistema de protección social, la Seguridad Social se estaría ahorrando 3.400 millones de euros.

¿Por qué se exime a las empresas de cotizar en sus justos términos por los altos cargos y directivos con elevados salarios, topando las bases máximas de cotización? Si se corrigiese esta situación, la Seguridad Social ingresaría 9.300 millones de euros más.

Hay que añadir que, tras la última reforma, las prestaciones contributivas por desempleo han caído a la mitad, por lo que la Seguridad está dejando de ingresar otros 7.000 millones por cotización de parados, a los que además se está dejando sin protección.

Estamos hablando, no la UGT, sino prestigiosos catedráticos y expertos que nos están asesorando, de un montante de más de 22.000 millones, que supera los 18.800 millones de euros de déficit con que la Seguridad Social cerró 2017. Si se aceptase la propuesta que hemos realizado los sindicatos de cofinanciar la Seguridad Social mediante un impuesto finalista, para complementar las cuotas de los afiliados, estaríamos en condiciones de volver a rellenar la llamada hucha de las pensiones y de garantizar el futuro del sistema.

Si además fuésemos capaces de poner fin a la precariedad laboral, crear empleo digno, con salarios razonables y cotizaciones apropiadas, que es el otro gran hándicap de nuestro sistema público de pensiones, podríamos hablar no ya del mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros pensionistas con la referencia del IPC, sino de su mejora. Pero ello requiere jubilar las dos reformas socialmente más injustas que ha sufrido este país: la reforma laboral de 2012 y la reforma de las pensiones de 2013. Nunca más reformar para hacer daño a los más débiles.

Jesús Santos Pérez, Secretario General de la UGT de Navarra.

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