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La UGT critica que el cuatripartito proponga "un despido en diferido" para trabajadores de empresas subcontratadas

27/11/2018

La UGT ha criticado la proposición de ley foral presentada por el cuatripartito para crear la figura del personal internalizado, referido a trabajadores procedentes de empresas privadas subcontratadas por el Gobierno para prestar servicios públicos, en el caso de reversión a la gestión pública. En su opinión, esta propuesta "no respeta las condiciones laborales" y supone "un despido en diferido en el plazo máximo de tres años".

Así lo señaló el martes Augusto Paredes, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT de Navarra, que compareció en rueda de prensa junto a Manuel Gómez, secretario del sector de transportes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo; y Jesús Marín, presidente de uno de los comités de empresa de Ambulancias Baztán Bidasoa.

Paredes explicó que el pasado 14 de noviembre el cuatripartito registró una proposición de ley foral, por el procedimiento de lectura única y urgente, para modificar el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones públicas de Navarra. Según indicó, esta propuesta la presentan a raíz de la entrada en vigor de la ley de Contratos Públicos y "la obligación que aparece en ella de subrogar al personal que está prestando servicios e internalizarlo dentro de la Administración".

Esta norma, detalló el representante de UGT, se aplicaría a los trabajadores de "todos los servicios que quiera prestar directamente la Administración" y uno de los primeros que va a seguir este proceso es el servicio de Transporte Sanitario.

En opinión del sindicato, esta propuesta de ley "no respeta las condiciones laborales de quienes vienen prestando el servicio desde el momento que se está estableciendo un despido en diferido en el plazo máximo de tres años, periodo el que la propia norma marca que tienen que crearse las plazas y hacerse la convocatoria pública".

Y subrayaron los representantes de UGT que con esta reforma "lo que se está haciendo es precarizar las condiciones laborales de los trabajadores, que tienen actualmente en sus empresas contratos indefinidos, convirtiéndolos en contratos eventuales por una duración máxima de tres años".

"UN HACHAZO A LOS DERECHOS LABORALES"

En este sentido, Manuel Gómez considera que el próximo 20 de diciembre, día en el que se prevé que la proposición de ley se debata en el pleno de la Cámara, el cuatripartito "pretende dar un hachazo a los derechos laborales de los trabajadores afectados por un proceso de internalización de servicios que verían peligrar sus puestos de trabajo, vulnerando los derechos adquiridos durante años en los convenios laborales".

Gómez remarcó que la reforma del transporte sanitario "ha sido uno de los caballos de batalla" de los socios de Gobierno y ha lamentado que "al pasar a ser Ejecutivo nos hemos encontrado en que lejos de intentar reformar el transporte sanitario para mejorar sus prestaciones, lo que han hecho ha sido política de titular de prensa".

"Los trabajadores del sector del transporte sanitario siempre han defendido su derecho a trabajar dignamente, pero a la vez dando un servicio de calidad a la población. Sin embargo, siguen siendo despreciados por la actual Administración", afirmó el representante de UGT, para quien la propuesta del cuatripartito "da la espalda a los derechos de los trabajadores adquiridos por décadas de lucha sindical y experiencia laboral".

Gómez manifestó que desde el sindicato entienden "el choque entre el mundo laboral y el administrativo", pero ha incidido en que "no se puede liquidar de la noche a la mañana el derecho de subrogación con plenos derechos contemplado en el convenio colectivo del Transporte Sanitario desde hace más de 20 años".

"Con la reforma propuesta por el cuatripartito los trabajadores a subrogar por la Administración "se encuentran con que tras décadas de experiencia laboral se desprecian sus derechos laborales y se pueden ver despedidos en un plazo máximo de tres años, que es lo que dice la ley", advirtió el representante de UGT, quien dejó claro que no cuestionan que el servicio sea público, sino que lo que exigen es que "se respeten las condiciones laborales".

PROPUESTAS A SALUD

Por su parte, Jesús Marín, presidente de uno de los comités de empresa de Baztán Bidasoa, planteó al Departamento de Salud que "los trabajadores mantengan sus condiciones laborales mientras se mantenga por parte de la Administración el servicio que está prestando, siendo una plaza a extinguir cuando desaparezca el servicio o la persona subrogada deje de prestar el servicio por causas como jubilación o baja voluntaria".

Según indicó, "otra opción sería que la Administración cree una empresa pública para prestar el servicio internalizado con los propios trabajadores subrogados, una posibilidad que la hizo pública el consejero de Salud en comparecencia parlamentaria".

En cualquier caso, Jesús Marín considera que la opción a elegir "debería pasar por un proceso de negociación sindical del sector". Y detalló que los primeros servicios internalizados serían tres ambulancias de soporte vital avanzado en las zonas de Pamplona, Tudela y Estella, con 15 trabajadores, "con la posibilidad de que en un futuro se internalicen más servicios, afectando a un número mayor de trabajadores".

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