Los dos sindicatos han defendido el ejercicio del derecho de huelga como un derecho fundamental, que se ha desarrollado durante más de tres décadas de forma ejemplarmente democrática y pacífica durante huelgas generales, sectoriales o de empresa.

Igualmente, UGT y CCOO consideran que la utilización del artículo 315.3 del Código Penal resulta injustificada y desproporcionada, ya que “sitúa el derecho de huelga en el siglo XIX donde su ejercicio era penado y perseguido”.

Las organizaciones sindicales denuncian que más de 300 personas han sido encausadas, entre ellas, ocho sindicalista de Airbus, que se enfrentan a un juicio penal como si delincuentes se tratase, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y por el ejercicio del derecho de huelga, pidiendo para cada uno de ellos penas de presión de 8 años y 3 meses.

UGT y CCOO piden al Gobierno de España “la retirada de todos los cargos contra las personas y sindicalistas que sean juzgados por este artículo”, así como “adoptar cuantas iniciativas sean necesarias a fin de corregir esta situación, entre ellas, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, en defensa de la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho”.