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La UGT apuesta por una reforma fiscal integral que contribuya a asentar un nuevo sistema productivo

13/07/2015

La UGT considera que el cuadro macroeconómico y la rebaja fiscal aprobados por el Consejo de Ministros tienen un carácter claramente electoralista. El sindicato apuesta una reforma integral de la fiscalidad, con un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, donde las rentas del trabajo y del capital tengan el mismo tratamiento, con una acción decidida contra el fraude fiscal, y que sirva para poner las bases de un nuevo sistema productivo, ya que nos encaminamos hacia un sistema basado en bajos costes laborales en el que prima el empleo precario, temporal y a tiempo parcial.


Asimismo, aboga por cambiar los actuales parámetros de la actual política económica nacional revitalizando la demanda y el empleo de calidad, priorizando el gasto público y fijando una política salarial pública acorde con la necesaria reactivación económica. Es preciso aprobar un plan de empleo de choque, que implique también a las autoridades comunitarias y con recursos excepcionales.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el límite de gasto para 2016 en 123.394 millones de euros, un 4,4 % menos que en 2015. Según sus cálculos, este límite es el resultado del objetivo de déficit establecido para el Estado (2,8% del PIB en 2016) y de los ingresos no financieros previstos, cuya previsión asciende a 134.773 millones de euros.

Además, el Consejo de Ministros ha actualizado el cuadro macroeconómico 2015-2016 con una revisión al alza de las variables de crecimiento y empleo. Para este año se prevé un aumento del PIB del 3,3%, cuatro décimas más de lo fijado en el último Programa de Estabilidad, y del 3% en 2016, una décima más. El mercado laboral cerrará 2015 con un aumento de 602.000 en el número de ocupados, el 3,4% más, y una tasa de paro del 21,1%.

Al optimismo de las nuevas previsiones del Gobierno se ha unido el de la Comisión Europea, que en sus previsiones económicas de primavera publicadas el pasado 5 de mayo augura un crecimiento en nuestro país del 2,8% en 2015 y del 2,6% en 2016. Y este escenario es posible según la propia Comisión Europea gracias a la mejora del empleo, el aumento de la confianza y los bajos precios del petróleo. Pero también por la depreciación del euro y el crecimiento mundial sostenido. Es decir, son factores casi todo externos a nuestra economía los que ha dado lugar a esta mejora de las previsiones, factores todos ellos con efectos muy coyunturales, que antes o después pueden desaparecer, sin que se hayan asentado las bases del crecimiento sostenido y sostenible en nuestro país.

El supuesto mejor comportamiento del empleo no se refleja ni en los datos ni en la calidad del mismo; las bases del crecimiento equilibrado y sostenido tampoco, y menos si de nuevo se apuesta por la construcción y no por un auténtico cambio de modelo productivo; y lo mismo ocurre con la competitividad de la economía española, que no se asienta ni en la calidad, ni en la innovación, sino en la estacionalidad de determinadas actividades económicas, la moderación de los costes, principalmente salariales, y en la caída generalizada de los precios en nuestro país y la evolución del precio del petróleo. De este modo, nos encaminamos hacia un sistema basado en bajos costes laborales, con escasa inversión en tecnologías y formación, y en el que prima el trabajo precario, temporal y a tiempo parcial.

En este escenario tan preocupante para la sociedad española, el objetivo prioritario de la política presupuestaria del Gobierno sigue siendo la reducción del déficit público y el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, pero no lo es ni el empleo, ni la protección social ni la calidad de vida de los ciudadanos. Así, la actualización del Programa de Estabilidad mantiene como prioridad absoluta la reducción del déficit público en todas las Administraciones Públicas. Así, los objetivos globales de déficit para los ejercicios 2015 y 2016 se mantienen en -4,2% y -2,8%, respectivamente, y se fijan en el -1,4% y -0,3% para los años 2017 y 2018.

Desde UGT ya advertimos de que la actualización del Programa de Estabilidad se enmarcaba en un escenario macroeconómico difícil de cumplir, puesto que las reformas aplicadas hasta ahora no han corregido los principales desequilibrios de nuestra economía ni han sentado las bases del crecimiento económico equilibrado, sostenido y generador de empleo que pregona el Gobierno de España. Ni están creando empleo de calidad, base fundamental para este crecimiento equilibrado y sostenido.

Según Moncloa, el nuevo recorte del techo de gasto en 2016 no se debe a que se vayan a acometer más ajustes presupuestarios, dado el ahorro por menores intereses de la deuda y por prestaciones por desempleo al haberse reducido el número de parados. Esto es un error de concepto, puesto que el gasto en prestaciones por desempleo se debe básicamente a la extensión de la precariedad en el propio desempleo, y los datos son claros en este sentido: reflejan en un descenso continuado de los beneficiarios de prestaciones, de las cuantías medias, del gasto y, en última instancia, de la tasa de cobertura (del 70,6% en 2011 al 54,46% en mayo de 2015, mínimo histórico, desde que comienza la serie homogénea en 2011) y en la extensión del paro de larga duración (cifrada en la EPA en un 61,2%).

Asimismo, el Ejecutivo ha dado paso a adelanto de la rebaja de IRPF prevista para 2016 al 1 de julio de este año, que, según sus cálculos, inyectará unos 1.500 millones en la economía. Además de ser una medida claramente electoralista, esta caída de ingresos públicos se contradice con un Gobierno que acaba de meter mano en la hucha de las pensiones para pagar las nóminas de millones de pensionistas, que ha recortado en un 40% las políticas activas en un país con el 25% de su población activa en paro, o que ha congelado el salario mínimo interprofesional.

En este sentido, la OCDE, en su último informe alerta sobre el desplome de la recaudación, de manera que cuando se relacionan ingresos públicos y población, ninguno de los 34 países industrializados de la OCDE encajó un descenso tan acusado como España entre 2007 y 2013, cuando ante una variación casi nula dela población, el volumen de recursos públicos per cápita cayó a un ritmo anual del 3%. Retroceso más intenso que en Grecia, país en el que el PIB cayó un 26%, frente al 6% en el caso de la economía española.

En definitiva, a pesar del anuncio a bombo y platillo del Gobierno de que no habrá nuevos recortes del gasto público (ajustes los denomina), no hay que olvidar que este Gobierno es el responsable único de las políticas económicas y sociales lesivas que ha estado desarrollando durante tres años y medio de legislatura y que, haciendo caso omiso de la oposición y de las organizaciones sindicales, son la causa última del descarrilamiento económico y social en el que se encuentra nuestro país. Políticas de recorte que han conducido a nuestro país al empobrecimiento, la desigualdad, la precariedad del empleo y ahora también del desempleo y la pérdida de poder de compra de los pensionistas.

Para UGT, el camino debería distinto. Es necesaria una reforma integral de la fiscalidad, que acometa con decisión y realismo la lucha contra el fraude, que logre una mayor suficiencia financiera a través de mayores ingresos (haciendo que paguen más los que más tienen) y eliminando la desigualdad en la carga tributaria que existe en la actualidad, como ya le propuso al Gobierno hace un año, propuesta que pasa por un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, que incrementa su recaudación en tono a 10.000 millones de euros. Esto se podría conseguir entre otras cosas, estableciendo un tratamiento similar en al resta del trabajo y del capital, eliminando e trato beneficioso a las rentas irregulares, eliminado las actuales deducciones de manera progresiva y no retroactiva, o estableciendo al estimación directa y no objetiva de los ingresos reales de las rentas de actividades económicas, para que declaren pro la renta real, entre otras medidas.

Urge cambiar los parámetros que guían la actual política económica nacional, para revitalizar la demanda y el empleo, priorizar el gasto público y fijar una política salarial pública acorde con la necesaria reactivación de la demanda. No hay que olvidar que la devaluación salarial está hundiendo la calidad de vida de millones de familias e incrementado los niveles de pobreza, por lo que urge que los salarios ganen poder de compra, y esto precisa de un sistema de políticas de empleo eficiente, que potencien y reformulen las políticas activas de empleo y que refuercen las prestaciones por desempleo para aumentar su grado de protección contributivo y asistencial, actualmente en caída libre. Y aprobar un “plan de empleo de choque”, que implique también a las autoridades comunitarias, con recursos excepcionales para impulsar la contratación laboral y el empleo, especialmente de los colectivos en peores condiciones (parados de larga, jóvenes, trabajadores sin formación).

Y todo ello en el marco de un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible, sin el cual no habrá una salida real de la crisis. Esto exige profundas y continúas transformaciones en ámbitos cruciales de la actividad económica y sociolaboral. Y esto exige unos Presupuestos Generales del Estado potentes y comprometidos con las verdaderas y urgentes necesidades del país, y no con las maniobras electoralistas del partido del Gobierno.

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