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El alto precio de la discriminación laboral de la mujer

06/03/2020 | Jesús Santos, Secretario General de la UGT de Navarra.

La desigualdad que padecen las mujeres en nuestro mercado laboral es una realidad tan incontestable, a la vista de los indicadores oficiales que cada año lo reiteran, como inaceptable en una sociedad democrática. De hecho, la desigualdad es inconstitucional, tal y como establecen los artículos 14 y 35 de la Constitución Española, el primero, reconociendo de forma genérica la igualdad de los españoles (y españolas) ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación de ningún tipo y expresamente por razón de sexo, y el segundo, estableciendo el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, sin que pueda hacerse discriminación igualmente por razón de sexo.

No sólo eso, sino que, además, en el artículo 9, la Constitución encomienda a los poderes públicos la tarea de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sea real y efectiva.

Así que cuando nuestros políticos se arrogan la potestad de otorgar o negar a los demás la condición de constitucionalistas, deberían hacerlo no sólo fijándose en términos de soberanía nacional, sino también de ciudadanía y derechos sociales, y juzgarse a sí mismos sobre si han cumplido con los preceptos constitucionales mencionados.

Cuando las mujeres, no sólo ellas, pero principalmente ellas, se utilizan como mecanismo de ajuste laboral por parte de las empresas, contratándolas para labores subalternas o complementarias, para ocupaciones elementales y poco remuneradas; cuando se las contrata de forma temporal para cubrir picos de producción o a tiempo parcial, simplemente para ahorrar costes; cuando se crean categorías feminizadas para pagarles menos sin caer en la ilegalidad; cuando se les priva de la promoción interna y se les impide el acceso a puestos directivos; cuando se les convierte en protagonistas casi exclusivas de las medidas de conciliación, se están sentando las bases de una desigualdad estructural y permanente en el tiempo.

Pero es que, además, la desigualdad y la discriminación laboral tienen un altísimo precio para quienes las sufren en forma de menores salarios o pensiones, para el Estado, al que se priva de cuantiosos ingresos vía impuestos y cotizaciones, y para el conjunto de la sociedad, cuyos estándares de bienestar y calidad de vida se ven profundamente mermados.

El informe anual que la UGT elabora sobre la situación de la mujer en el mercado laboral de Navarra cuantifica el coste económico de la desigualdad en salarios, prestaciones por desempleo y pensiones de jubilación, tres elementos de una cadena en la que un eslabón condiciona y empobrece al siguiente, y la sitúa aproximadamente, ya que en todos los casos se utilizan cuantías medias, en 1.242 millones de euros al año.

Estamos hablando de una cifra que casi significa el 30% del techo de gasto no financiero establecido por el Gobierno foral en los Presupuestos Generales de Navarra para este año. Una cuantía que se escatima al consumo privado, que no incentiva la actividad económica ni se traduce en más empleo, y que, como ya he señalado, priva a la Administración de una importantísima cantidad de recursos económicos, que permitirían aumentar el gasto público y reforzar servicios tan básicos y necesarios como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las infraestructuras o la red de protección social.

Los avances en el camino de la igualdad a lo largo del actual periodo democrático son también incuestionables. Avances en la ampliación de derechos, en la reducción de desigualdades, en la corresponsabilidad en el ámbito de la conciliación laboral y familiar. Pero la línea de avance tiene forma de dientes de sierra. Y sin ir más lejos, la reciente crisis económica y la reforma laboral, que precarizaron el trabajo y agudizaron las desigualdades, han provocado retrocesos que hay que recuperar con urgencia para poder seguir avanzando.

Creo más en los esfuerzos compartidos que en las iniciativas unilaterales, aunque las protagonice el poder. Y en el caso del mercado de trabajo, es imprescindible la conjunción de acciones, en primer lugar, de patronal y sindicatos, de empresas, trabajadoras y trabajadores, a través de la negociación colectiva, traduciendo los anhelos y necesidades de igualdad en medidas concretas de aplicación directa en los centros de trabajo. Y aquí, el papel de las delegadas sindicales, pero también de las mujeres empresarias y directivas, me parece fundamental.

Y en paralelo, nuestro Parlamento y nuestro Gobierno deben seguir impulsando la generación de marcos legales de igualdad, que permitan proteger e impulsar una acción sindical igualitaria en el marco de las empresas, pero también desarrollando, con la participación de patronal y sindicatos, medidas de impulso y control de la igualdad, a través de la figura del agente de igualdad. Una figura imprescindible para que las empresas de más de 250 trabajadores cumplan con la obligatoriedad de elaborar planes de igualdad, cosa que ahora no está ocurriendo y que en 2021 se extiende a las empresas de más de 50 trabajadores. Todo menos seguir lamentando una situación vergonzosa sin hacer nada efectivo.

Jesús Santos, Secretario General de la UGT de Navarra.

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