Ferrer ha manifestado que la fecha límite impuesta por el Gobierno para la ultraactividad de los convenios es “un problema de una grandísima dimensión social y económica, porque se trata de más de 1.300 convenios colectivos que afectan a cerca de 2 millones de trabajadores”.

“Hay que afrontar el problema y cumplir lo pactado en el acuerdo sobre la ultraaactividad de los convenios que es o mantener el convenio vigente hasta que se alcance un acuerdo o acudir a los sistemas de intermediación de conflictos”, ha explicado.

Toni Ferrer ha subrayado que “el 8 de julio no es un punto final, es un punto y seguido y, desde luego, los empresarios que crean que van a producir recortes salariales, o a suprimir las condiciones de trabajo pactadas en el convenio están muy equivocados porque se van a encontrar conflictividad y van a tener pleitos que consideramos que vamos a ganar”.

Ha recordado que el Gobierno tiene la responsabilidad de la conflictividad, la litigiosidad y la pérdida de competitividad y productividad que ha introducido con la reforma laboral.

El Secretario de Acción Sindical de la UGT ha señalado que “el pacto firmado con la patronal ha intentado paliar los efectos nocivos contra la regulación y la protección de los derechos de los trabajadores y contra la organización de trabajo en las empresas, pero se está demostrando que es insuficiente y por eso exigimos al Gobierno que reestablezca el equilibrio entre las partes porque su reforma estimula aquellos sectores empresariales que no quieren negociar”.