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El Defensor del Pueblo estima las quejas de UGT frente a Educación por el llamamiento para la contratación temporal de conserjes procedentes del turno de discapacitados

18/01/2017

El pasado 10 de enero, el Defensor del Pueblo dictó resolución estimando las quejas que la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de la UGT de Navarra interpuso ante la citada oficina, en relación al sistema de llamamiento y contratación de las personas discapacitadas, pertenecientes a las listas de contratación de conserjes de la convocatoria 141/2010 de 17 de junio.

El primer motivo por el que UGT se dirigió al Defensor del Pueblo se refiere a las valoraciones que, hasta ahora y de forma totalmente irregular, vienen haciendo las direcciones de los centros educativos y que resultan determinantes a la hora de formalizar la contratación de las personas con discapacidad, ya que, en función de los criterios arbitrarios de la dirección del centro, se admitía o denegaba la contratación de los aspirantes con discapacidad de la lista de contratación, sin tener en cuenta la prioridad de orden y mérito, tal y como se establece en la convocatoria.

En este sentido, el Defensor del Pueblo recomienda al Departamento de Educación y a Función Pública que velen para que las valoraciones de aptitud o compatibilidad de las personas con discapacidad aspirantes a la contratación temporal para el desempeño de tareas y funciones propias del puesto de conserje, sean realizadas por órganos dotados con la especialidad técnica necesaria, evitando las practicas antes descritas del Departamento de Educación.

La segunda cuestión por la UGT acudió a la oficina del Defensor del Pueblo es la referida a la prioridad en el llamamiento para la contratación de las personas con discapacidad de la convocatoria antes referida. En abril de 2015 entró en vigor una nueva norma que regula la prioridad para la contratación de las personas con discapacidad, la cual determina que la primera de cada tres plazas quedaría reservada para ser ocupada por una persona discapacitada.

Según el defensor del Pueblo, dado que esta nueva normativa entró en vigor el 16 de abril de 2015 y que carece de efecto retroactivo, porque ni tan siquiera el legislador así lo ha dispuesto, y teniendo en cuenta que es más restrictiva que la anterior en lo que al llamamiento de personas con discapacidad se refiere, no debería afectar a la convocatoria de 17 de junio de 2010, que establece el 100% de la prioridad de llamamiento a las personas que integran las listas de contratación con discapacidad, motivo por el cual el Defensor del Pueblo insta a los citados Departamentos de Educación y Función Pública a que apliquen en el llamamiento la prioridad establecida en la resolución de la convocatoria 141/2010 de 17 de junio.

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