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Salarios dignos y crecimiento económico

09/08/2017 | Jesús Santos Pérez, Secretario General de la UGT de Navarra.

El fracaso de las negociaciones para alcanzar un acuerdo marco sobre incrementos salariales y negociación colectiva es una mala noticia para los trabajadores asalariados de este país, pero también para las empresas y la economía en general.

Una sociedad es tanto más próspera y dinámica cuanto más y mejor distribuida esté la riqueza generada tanto por la inversión de capital como por la productividad del trabajo. Pero es que, además, en una sociedad como la nuestra, cuya transición de un modelo económico tradicional, basado esencialmente en el consumo interno, a un nuevo modelo con innovación tecnológica y productos de alto valor añadido como pilares fundamentales, se vio bruscamente interrumpida por la crisis económica, el papel de los salarios como motor de crecimiento y generación de empleo sigue siendo clave.

Cuando una negociación fracasa, y eso es lo que ha ocurrido con el intento de acuerdo nacional entre las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO, nadie suele estar exento de responsabilidad. Pero, como en este caso, cuando la negociación se produce en unas condiciones de desigualdad entre las partes tan apabullantes como las establecidas por la última reforma laboral de 2012, que otorgó todo el poder de decisión a los empresarios y despojó a los sindicatos de cualquier capacidad legal de contrapoder, el reparto de culpas no puede ser igual.

De entrada, la tesis sindical de la necesidad de un incremento sensible de los salarios en este país, tras años de devaluación salarial, que sólo entre 2010 y 2015 se ha traducido en la pérdida de 1.426 euros brutos al año de media de poder adquisitivo, de acuerdo con la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, ha sido avalada por instituciones internacionales, Gobierno, reputados expertos y, paradójicamente, la propia cúpula empresarial, que luego se ha negado a materializarlo en la mesa negociadora.

De acuerdo con los datos proporcionados por los organismos oficiales, cuatro de cada diez trabajadores perciben menos de 1.290 euros mensuales y más del 12% no llegan a los 650 euros mensuales. Con estos salarios no es difícil anticipar que las tasas de crecimiento actuales son insostenibles a medio plazo.

Pero hay algo peor todavía, y es que si las rentas salariales no se recuperan del descenso acusado que han sufrido durante estos últimos años, que ha provocado la precarización de los jóvenes, de los trabajadores temporales, de las mujeres y de los estratos con menor cualificación profesional, y que ha agudizado las desigualdades salariales de estos colectivos respecto de la media hasta porcentajes que rondan el 30%, estamos condenando a la pobreza, inicialmente, a una buena parte de nuestra sociedad, pero a medio y largo plazo nos estaremos empobreciendo todos. Porque los bajos salarios llevan asociadas bajas cotizaciones, que acabarán produciendo pensiones mínimas en el futuro.

Por tanto, las organizaciones sindicales tenemos razones de peso para reclamar una mejora de los salarios que permita ir recuperando el poder adquisitivo perdido y situando los ingresos de los asalariados por encima de los umbrales de pobreza. La UGT ha defendido en este infructuoso proceso negociador la necesidad de establecer un incremento mínimo suficiente y obligatorio sobre el que se definiese la horquilla orientativa de aumentos salariales de cara a la negociación de los convenios colectivos.

No ha sido posible, pero sigue siendo necesario. Por eso, la propuesta con la que nuestro sindicato volverá a la mesa negociadora, cuando se retomen las negociaciones, será el establecimiento de un salario mínimo de convenio de 1.000 euros, que aunque sigue siendo insuficiente para vivir con dignidad en un país como el nuestro, al menos posibilita vivir, cosa que con 600 euros es imposible.

Y a partir de ahí, establecer una banda de incrementos salariales que esté en consonancia con el crecimiento de la economía y de los beneficios empresariales, con cláusulas de garantía que protejan esos salarios de la evolución de los precios.

Es una posición razonable, sensata y necesaria para el colectivo que ha sufrido con mayor intensidad la crisis, como son las trabajadoras y trabajadores de este país, pero también para el conjunto de la sociedad, que necesita salarios con mayor poder de compra para mantener el impulso económico y la creación de empleo de calidad. Aprovechar la posición de fuerza que otorga el actual marco legal a los empresarios, para atrincherarse en posiciones de resistencia por visiones cortoplacistas o impulsos egoístas es un error que se remediará con el tiempo. Pero cuanto más tarde, peor para todos.

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