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¿Más horas de apertura o mayor actividad comercial?

12/12/2012 | Amaia Villanueva

Secretaria General de la Federación de Comercio de la UGT de Navarra

El debate, por llamarlo de alguna manera, ya que estamos ante una nueva imposición vía decretazo, sobre la ampliación de horarios comerciales, nos conduce, simplificando los argumentos, al dilema de elegir entre más horas de apertura o mayor actividad comercial.

En Navarra llevábamos varios años caminando por la cuerda floja de los horarios comerciales, con un cierto consenso en la Mesa de Horarios Comerciales entre las diferentes patronales para limitar los días festivos de apertura a tres más la fiesta local, excluyendo los domingos, consenso que la UGT, sindicato ampliamente mayoritario en el sector, no compartía, pero respetaba, en la medida en que amortiguaba los daños que provocaría apurar los días autorizados legalmente, sin renunciar por ello a la exigencia de no abrir ningún día festivo.

Y es que siempre hemos tenido claro que el modelo de liberalismo desregulador que inspira la presión aperturista sólo responde a los intereses económicos de una parte minoritaria del comercio, colisionando con los de la inmensa mayoría del sector, tanto empresas como trabajadores, que salen claramente perjudicados.

Aquel consenso, no obstante, se rompió por parte de determinadas grandes superficies en 2010, cuando decidieron unilateralmente la apertura del domingo anterior a Reyes.

Más horas y días de apertura dificultan seriamente las posibilidades de competir en igualdad de condiciones del pequeño comercio, que sigue siendo ampliamente mayoritario, destruye mucho más empleo del que genera y deteriora profundamente las condiciones laborales de los trabajadores del sector, haciendo impracticable la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los trabajadores, en su inmensa mayoría, mujeres y buena parte de ellas, madres.

El reciente Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, autodenominado de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, entre otras muchas cosas, contiene una nueva regulación de los horarios comerciales para el conjunto del sector. Una nueva normativa inspirada por las recomendaciones/presiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con intereses muy concretos, pero, a la vez, muy alejados de las realidades y necesidades de los más de dos millones de personas que trabajan o viven de la actividad comercial en nuestro país.Entre otras cosas, la nueva normativa impone en el conjunto del Estado el aumento de la jornada comercial de 72 a 90 horas semanales, como mínimo, cuando en la práctica ésta ya era una potestad de las Comunidades Autónomas, que si no la regulaban era por el nulo efecto que tiene sobre el consumo y por su negativa repercusión sobre el empleo. Además, se aumenta el mínimo de domingos y festivos de apertura comercial hasta 16, permitiendo que cada Comunidad Autónoma pueda modificarlo, aumentando o disminuyendo el número, pero con el tope mínimo de 10 aperturas. Igualmente, generaliza la libertad de horario comercial -desregulación preferimos llamarlo nosotros- para todos los establecimientos que cuenten con menos de 300 metros cuadrados de espacio dedicado a la venta. Complementariamente, se arbitran medidas todavía más flexibles para zonas turísticas.

Y como toda argumentación justificadora de este decreto desregulador, el Gobierno se despacha con una auténtica boutade, afirmando que se incrementa la posibilidad de compra del consumidor y, en consecuencia, sus oportunidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. ¿Y el derecho a conciliar de los trabajadores del comercio?

No nos engañemos, tras esta pobre justificación, el Gobierno discurre por la senda que le han venido marcando las grandes cadenas de distribución, que son las únicas beneficiarias de toda esta serie de despropósitos camuflados como legislación de urgencia y que disponen de una nueva herramienta que, sumada a las facilidades que la reforma laboral ya les concedió, les sitúa como dueños y señores de vidas, derechos y haciendas de los que hacen posible cada día que sus negocios funcionen.

Frente a todo esto, nuestro modelo es el de una ciudad viva, con equilibrio entre las grandes superficies y el comercio de cercanía; una ciudad más sostenible, en la que no sea imprescindible utilizar el transporte y que permita combinar las compras con el ocio. Nuestro modelo es el de un sector que garantice el futuro del establecimiento minorista, la dignidad laboral y la calidad de vida del trabajador. Es decir, mayor actividad comercial y más y mejor empleo.

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