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El carácter disuasorio de unas costas judiciales abusivas

03/08/2015 | Jesús Elizalde Esteban, Secretario del sector autonómico de la FSP-UGT de Navarra

La intención de este escrito es denunciar el atropello sufrido por varias personas que trabajaron como Técnicos de Grado Medio en Formación y Empleo en el Gobierno de Navarra durante varios años, y que han sido “castigados” con unas costas judiciales abusivas, que tienen un claro carácter disuasorio.

Se trata de unos contratos administrativos que estuvieron vigentes desde el año 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012, fecha en la que la Dirección General de Función Pública les puso fin, para, de forma inmediata, con fecha de 2 de enero de 2013, contratar nuevos técnicos en la misma materia en número igual al de los contratos finalizados.

A una parte de las personas, cuyo contrato finalizó el 31 de diciembre de 2012, les resultó sorprendente el procedimiento seguido, dado que se prescindía de sus servicios para, de forma inmediata, efectuar nuevas contrataciones con el fin de cubrir los puestos de trabajo que ellos habían venido ocupando durante los cuatro años anteriores. Como ya se ha señalado, el procedimiento les resultó sorprendente, poco transparente y, a su juicio, con visos de alguna posible irregularidad, por lo que, en defensa de sus derechos y de su interés legítimo, ejercitaron la oportuna acción en vía administrativa frente a la actuación de la Administración Foral.

En diciembre de 2013, se les contesta inadmitiendo a trámite la solicitud de revisión de oficio por considerar que carecían de legitimación activa y argumentando que la Administración ostenta potestad para realizar las nuevas contrataciones bajo su criterio, sin entrar a conocer el fondo del asunto.

Ante este escenario de indefensión, a principios de 2014 se interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que se solicitaba al juzgado un pronunciamiento frente a la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio. La sentencia llegó en mayo de 2015 confirmando la tesis de la Administración, es decir, desestimando el recurso contencioso-administrativo, con condena en costas a los recurrentes.

Pero la guinda del pastel llegó cuando, a instancia del letrado de la asesoría jurídica del Gobierno del Navarra, a los recurrentes se les trasladó una tasación de costas nada menos que de 3.000 euros, basándose en los criterios meramente orientativos del Colegio de Abogados de Pamplona, en lugar de haber tomado como referencia lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo cuyos parámetros la cuantía hubiera sido muchísimo menor.

Dicho lo anterior, parece conveniente realizar una reflexión sobre esta praxis de imposición de costas, demasiado extendida en los últimos tiempos.

Ante la duda de los interesados frente a la actuación de la Administración, la cual, cuando menos, fue poco clara, generando múltiples dudas y con visos de cierta irregularidad, la única posibilidad que tenían estos para actuar en defensa de sus propios derechos era recurrir, por lo que poco tiene que ver su actuación con la mala fe o la temeridad en que debe fundamentarse una imposición de costas.

Esta práctica absolutista de imposición de costas que se está extendiendo últimamente tiene un carácter claramente disuasorio para quienes, ante posibles dudas, quieran conocer y en su caso reclamar derechos que consideran legítimos frente a la Administración, lo cual genera una clara indefensión que parecía desterrada por el artículo 24 de nuestra Constitución. De lo contrario, que se nos diga de qué otra alternativa disponen los interesados para su defensa.

Además, 3.000 euros de costas son, a todas luces, excesivos, teniendo en cuenta que el recurso contencioso-administrativo no entra en el fondo del asunto, dado que se limita a denegar una retroacción de actuaciones solicitada por los interesados por considerar que tenían una legitimación denegada por la Administración. Resulta oportuno subrayar aquí que en otras Comunidades Autónomas estos asuntos se dilucidan en la jurisdicción social, en la que no existe imposición de costas, lo cual supone una desventaja respecto del personal contratado en dichas Comunidades, en las que la relación del trabajador contratado sería laboral, no administrativa, como ocurre en Navarra.

Finalmente, hay señalar que otro de los fundamentos de las costas es cubrir los costes de la asistencia letrada (abogado, procurador, etc.). En este caso, a la Administración no le supone un gasto extraordinario, ya que son sus propios letrados los encargados de llevar la defensa jurídica de esta ante los tribunales, siendo funcionarios de la propia Administración con unas retribuciones mensuales, no profesionales liberales que ejercen por su cuenta la abogacía y por cuyos servicios cobran los correspondientes honorarios, por lo que sería conveniente que fuera público el destino del dinero entregado en calidad de costas a la Administración.

Por todo lo anteriormente expuesto, queremos denunciar públicamente estas prácticas y que se tome conciencia del abuso que suponen, pues una de las partes se ve limitada o despojada de los medios de defensa otorgando a la otra una ventaja procesal arbitraria, provocando situaciones de indefensión que dificultan y en muchos casos impiden que los ciudadanos ejerciten sus derechos frente a la Administración. Veremos si en el futuro esta abusiva y, en algunos casos, despótica praxis se corrige.
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