Política sindical

La UGT propone que la Ley de Contratos Públicos incorpore la oblitatoriedad del cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias de los convenios colectivos sectoriales de aplicación

08/11/2017

La UGT considera imprescindible que la nueva Ley de Contratos Públicos, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, incorpore la obligatoriedad para cualquier empresa adjudicataria de un servicio público del cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación a la actividad de que se trate.

Ésta es la principal medida recogida en el documento de propuestas que el sindicato ha hecho llegar a los diferentes grupos parlamentarios para su introducción en la Ley de Contratos Públicos que debate el Parlamento de Navarra.

En opinión de la UGT, la ley de Contratos Públicos debe convertirse no sólo en un marco legal idóneo para regular actividades generadas por la Administración Pública y gestionadas desde la iniciativa privada, sino también en una herramienta para dignificar el empleo o, al menos, para evitar su degradación, como desgraciadamente ocurre en muchos casos.

El sindicato advierte de que la subcontratación de servicios públicos se ha convertido en una especie de administración paralela, que emplea a miles de personas y que supone un negocio para empresas privadas, que maximizan sus beneficios a costa de empeorar las condiciones en que realizan su trabajo las personas contratadas para prestar dichos servicios.

En concreto, la UGT denuncia, como ejemplo de esta práctica, la proliferación de empresas multiservicios, al calor de la última reforma laboral, que otorga prioridad aplicativa al convenio colectivo de empresa, cuya razón de ser es esquivar los convenios sectoriales de aplicación, para abaratar la mano de obra y arrebatar derechos laborales a los trabajadores.

El sindicato entiende que la Administración debe velar por la calidad de los servicios que presta, incluidos los subcontratados, pero también por las condiciones laborales de quienes los prestan, ya que servicios de calidad y condiciones de trabajo precarias constituyen, en su opinión, una combinación imposible.

La UGT argumenta que la contratación pública no puede considerarse una mera actividad económica en la que el precio sea lo único determinante, sino que debe incorporar valores que contribuyan a la mejora del bienestar colectivo, potenciando, entre otros objetivos, las políticas sociales y la calidad del empleo asociado, lo que exige que se valoren, en mayor medida, otras características en la prestación del servicio.

CLÁUSULAS SOCIALES

En este sentido, el sindicato ha propuesto a los grupos parlamentarios la incorporación, por la vía de enmiendas, de las siguientes cláusulas sociales:

- Aplicación del convenio sectorial de la actividad que se va a contratar.
Establecer como requisito obligatorio el cumplimiento, como mínimo, de las condiciones económicas y laborales establecidas por el convenio colectivo sectorial de ámbito inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad que se va a contratar.

- Subrogación.
La subrogación deberá ser obligatoria en todos los casos de contratos de servicios y contratos de concesión de servicios.

- Establecimiento de plantilla mínima y número de jornadas garantizadas.
Se establecerá la obligación de mantener una plantilla mínima y un número de jornadas garantizadas durante toda la duración de la contrata, acorde con las cargas de trabajo. Igualmente se deberá garantizar la sustitución de las ausencias que se puedan producir.

- Cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud laboral.
Se establecerá la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. Se prohibirá la contratación con empresas que figuren en el registro público de sanciones muy graves por incumplimientos en esta materia.

- Garantía de cumplimiento.
Se establecerá la obligación del cumplimiento durante todo el periodo de ejecución del contrato de las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación y en las clausulas sociales del pliego. Se articularán los mecanismos de seguimiento y supervisión del cumplimiento de estas obligaciones, arbitrando fórmulas de participación de las organizaciones sindicales, incluyendo su incorporación a la Junta de Contratación Pública.

- Establecer criterios de adjudicación en los que el precio no sea determinante.
Se dará un mayor valor a la relación calidad-precio, teniendo en cuenta características sociales, propuestas técnicas, mejora de las condiciones de trabajo, etc.

- Desempates en la valoración de ofertas.
Deberá establecerse un orden de prelación de los criterios de resolución de empates, considerando el menor porcentaje de trabajadores eventuales, el mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, las buenas prácticas en materia de igualdad de género, la condición de empresa de inserción, entidad sin ánimo de lucro y organización de comercio justo.

- Garantía del pago de nóminas y Seguridad Social.
Finalizada la contrata o en caso de subrogación, si se acredita falta de pago de salarios o cotizaciones a la seguridad social, la Administración podrá retener las cantidades debidas al contratista y la garantía definitiva para garantizar el pago de dichos conceptos.

- Sanciones por incumplimiento de requerimientos sociales.
Se establecerá la rescisión del contrato en los supuestos más graves y la imposibilidad de volver a licitar durante un periodo de tiempo.
- Legitimación de las organizaciones sindicales para interponer reclamaciones.

- Se incluirá a los sindicatos entre las organizaciones legitimadas para interponer reclamaciones en materia de contratación pública.
Aunque la UGT ha debatido estas medidas con el resto de las organizaciones sindicales de Navarra de cara a presentar una propuesta unitaria y coincide en buena parte de las mismas, discrepancias en torno al convenio colectivo de aplicación, la introducción de una cláusula relativa al euskera y la amenaza de movilizaciones han imposibilitado el acuerdo.

Frente al criterio de los sindicatos nacionalistas, la UGT defiende la obligatoriedad de cumplimiento del convenio del convenio sectorial de aplicación, con el fin de cerrar el paso a las empresas multiservicios, que, aprovechando la reforma laboral, están firmando convenios de empresa por debajo de los convenios sectoriales, degradando las condiciones salariales y laborales, lo que les permite licitar a la baja en los concursos.

Por otro lado, la UGT no cree que una Ley de Contratos Públicos sea el marco adecuado para la promoción del euskera en las empresas, menos todavía por la vía de obligarles a organizar cursos de euskera para sus trabajadores. 

Finalmente, el sindicato no considera oportuno amenazar con la convocatoria de movilizaciones con motivo del debate parlamentario de esta ley.